La declaratoria de reserva natural protegida ha sido inútil para el Aguaragüe. Un estudio oficial confirma la contaminación de suelos y agua en Sanandita y Quebrada Los Monos (lugar donde vive ahora Elena). Guaraníes llevan décadas esperando la remediación a los daños de la extracción petrolera, pero lo que más avanza son los planes de explotación de los recursos energéticos, mientras esa nación indígena continua en la pobreza, sin servicios básicos y ahora, con procesos penales a cuestas.

Desde 1920, el subsuelo del Aguaragüe es explotado, de esa primera etapa extractiva quedaron al menos 60 pozos que no fueron cerrados adecuadamente según el Cedib. En 2015, el gobierno de Evo Morales promulgó tres decretos para ampliar el ingreso a las áreas protegidas con la actividad hidrocarburífera, y fue así, que en el campo Los Monos se reinició actividades de exploración y explotación, pese a que los pasivos ambientales no habían sido solucionados.

A esto se añadió según cuenta Elena, que YPFB Chaco ingresó a realizar operaciones sin la consulta previa a las comunidades afectadas y pueblos indígenas que establece el Decreto Supremo Nº 2298 y que se constituye en un requisito indispensable para emplazar un proyecto. Según dice, quienes habitan Los Monos no fueron convocados ni a reuniones, mucho menos a la firma de un convenio, sin embargo, cuando esto fue reclamado la petrolera mostró un acta de consulta previa que se encontraba firmada por personas que ella nunca había conocido.

El Cedib cuantificó que el 72,5% de la superficie del Aguaragüe está comprometida entre contratos petroleros

Pero no solo este era el reclamo de las comunidades afectadas directa e indirectamente por los proyectos hidrocarburíferos que se instalaban en las entrañas de la Reserva, ellos además exigían que se les diera trabajo, pues la ley ordena que mano local calificada y no calificada sea contratada por estas empresas. Pese a ello, a más de una década, el empleo, la calidad de vida, y el supuesto desarrollo sigue siendo una promesa.

Elena tiene 40 años, es monitora ambiental a nivel técnico, tiene un hijo y una hija, su esposo es weenhayek, también parte de una comunidad indígena del Chaco tarijeño. Su familia es agricultora para consumo propio, pero a lo que se dedican casi todo el año es a la pesca a las orillas del río Pilcomayo.

El 2018 como acostumbraban, sembraron maíz, zapallo y sandía, pasaron los meses y solo algunas plantas pequeñas se dejaban ver, sus hojas parecían quemadas y finalmente murieron. Fueron dos años consecutivos que perdió toda su producción al igual que sus vecinos, por esto y sin dudar exigió a las petroleras que le dijeran la categoría de impacto del proyecto. “La categoría era uno, que significaba cero producción agrícola”.

Pero eso no es todo, Los Monos actualmente tiene una quebrada, que llega al río principal de donde se obtienen los peces. Aquella quebrada, según denuncia esta comunaria, se ha convertido en depositorio de desechos químicos de la planta extractiva. “El agua está contaminada, eso produce cáncer, además ahora nos racionan el agua, solo dan dos veces por semana”.

Cansados de los atropellos, el 2019 comunarios se instalaron en una protesta pacífica en la entrada a la planta YPFB Chaco por varios días, no impidieron las actividades solo con carteles exigían fuentes de trabajo, más no fueron escuchados. El 17 de diciembre Elena, junto a dos compañeras recibía la notificación de que les habían iniciado un proceso penal por atentar contra la seguridad de los servicios públicos.

“Dónde se ha visto que por buscar una fuente laboral uno sea procesado, mis vecinas lloran, yo tengo insomnio pensando que hacer, pero lo que más me duele es que en mi tierra me hagan este daño”.

A  un año del proceso penal en su contra, su esposo le dice que debería firmar el acuerdo que firmó la mayoría de comunarios que fueron procesados, donde YPFB afirma ya no seguir con el proceso a cambio que los lugareños se comprometen a no interferir en sus actividades. Elena se niega, pues asegura que prefiere ir presa antes que dejar violar sus derechos y su tierra.

Activista de DDHH en Villa Montes procesados

Yenny Noguera es activista de Derechos Humanos en Villa Montes y denuncia que así como Elena, comunarios de Caigua, San Antonio, Palos Blancos y Laguna del Gringo fueron también procesados penalmente por YPFB o sus subsidiarias.

La activista sostiene que ningún proceso ha culminado a favor de los comunarios, pues por la presión de la empresa estatal, todos terminan conciliando y aceptando los condicionamientos que ésta propone a cambio de no continuar con el proceso.