La iniciativa del Gobierno a través del Ministerio de Justicia de conformar una comisión plural de abogados de reconocido prestigio profesional para proponer reformas en el sistema judicial ha provocado sorpresa y, con precaución, complacencia, salvo, como se está haciendo costumbre, en la dirigencia tradicional del MAS y en algunos líderes de la oposición radical (una vez más, los extremos se juntan).

Si hay un consenso político y social es que la crisis del Órgano Judicial es profunda y se requiere de una cirugía mayor para recuperarlo. De ahí que el tema fue incluido en las propuestas de todas las candidaturas que terciaron en las elecciones del pasado mes de octubre, pues pareciera que hay conciencia de que reformar el Órgano Judicial es fundamental si se quiere consolidar el sistema democrático y garantizar el estado de derecho y la pacífica convivencia ciudadana. 

No es una tarea fácil pues, por un lado, una reforma estructural de este órgano afecta muchos intereses de orden político, económico, gremial… y sus representantes pondrán todos los obstáculos posibles para impedirla, porque se benefician de la crisis. 

Por otro lado, si bien es cierto que el funcionamiento del Órgano Judicial ha sido muy cuestionado desde la creación de la República, su descalabro total se produjo en los 14 años de gestión del MAS tanto por la grosera injerencia del Órgano Ejecutivo, como por la decisión de nominar a sus miembros por su adhesión al partido descartando su formación profesional y su práctica concreta en el mundo de la judicatura.

Para ello, el MAS desarticuló lo que se pudo avanzar en el campo de la justicia desde la recuperación del sistema democrático en 1982, bajo la concepción de que la justicia es sólo un instrumento al servicio de los poderosos y que el sistema judicial debe estar sometido a quienes conducen la gestión estatal (obviamente si quienes lo hacen son los del partido).

En este sentido, la iniciativa que se comenta es señal de un cambio en la visión sobre el papel del sistema judicial en algunos sectores del MAS que tienen responsabilidad de gobierno. Y el sentido común, que no es muy común que digamos, hace que la conformación de la comisión de expertos para la reforma judicial sea apoyada mientras mantenga su perfil plural.

Se trata de un primer paso en un proceso que será difícil y tendrá que enfrentar muchos obstáculos. De hecho, ya han comenzado a aparecer pronunciamientos de corte corporativo criticando la conformación de la comisión y es probable que las principales presiones provengan del viejo liderazgo masista, acostumbrado a denominar “diálogos” a eventos en los que la participación hegemónica correspondía a los militantes y adherentes del partido que aprobaban a rajatabla las resoluciones elaboradas en el seno del gabinete presidencial (y no sólo es anécdota: en muchas oportunidades esas resoluciones no eran más que la traducción en el papel de las ideas que al despertarse tenía el expresidente fugado).

En ese contexto reitero que es importante apoyar la iniciativa del gobierno. Más aún, cuando de lo que se trata es de contar con una propuesta integral y viable de reforma del sistema judicial que deberá ser puesta a consideración de las autoridades del Estado, la academia y la sociedad organizada, cuyos criterios deberán ser debidamente sistematizados e incluidos en la propuesta final a ser sometida, además, a consideración de la Asamblea Legislativa.

En fin, el buen funcionamiento de la comisión de reforma el sistema judicial y que su trabajo llegue a su fin sería una muestra de modernización del Estado y de la predisposición democrática del gobierno presidido por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Adicionalmente, les ayudaría a pasar a la historia como estadistas y no como meros ejecutores de instrucciones emanadas del caudillo y sus cortesanos.

Juan Cristóbal Soruco Q. es periodista.