Las autoridades nacionales instalan un diálogo con la ausencia de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y por otro lado descartan la renuncia de ministros y arremeten contra el expresidente Carlos Mesa, por su opinión sobre el tema.

El Gobierno enfrenta desde hace tres semanas un conflicto en El Alto, que inició con la UPEA por el pedido de mayor presupuesto económico, seguido de la muerte del estudiante universitario Jonathan Quispe en los enfrentamientos con la policía por la movilización de esa institución y ahora la indignación de la comunidad alteña y el respaldo de otros sectores sociales para que se dé la renuncia de los ministros de Gobierno, Carlos Romero y de Economía, Mario Guillén.

Movilizados. Un contundente paro movilizado llevó adelante ayer la comunidad alteña.

A primeras horas de la mañana se fue acatando el paro cívico, con la instalación de los primeros puntos de bloqueo. Avanzadas las horas, se registró cero tráfico vehicular en esa urbe, también se cerraron las carreteras hacia la ciudad de Oruro y hacia la localidad de Copacabana.

Según la planificación de la UPEA, habrá al menos 16 puntos de bloqueo. Todas las movilizaciones estuvieron respaldadas por los mismos sectores sociales de la región, inclusive la Alcaldía de El Alto, determinó acatar la medida, por la dificultad de la población para asistir a sus funciones laborales de la institución pública.

Aunque decenas de policías salieron a las calles a resguardar el orden, no se registraron altercados ni enfrentamientos con los universitarios movilizados, pese a que ellos estuvieron muy cerca de los puntos de bloqueo.

Cobra fuerza el pedido. Mientras la comunidad alteña llevaba adelante el paro cívico movilizado, cívicos de Potosí, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y los colectivos ciudadanos se sumaron al pedido de renuncia del Ministro Romero.

El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Jhonny Llally, hizo conocer la determinación de dicha institución  argumentando un atropello "consecutivo" de las autoridades nacionales a las reivindicaciones de los diferentes sectores sociales. "Nos adherimos al pedido del pueblo boliviano por los diferentes antecedentes de abuso de autoridad con Potosí, en el conflicto de los 27 días, como otros a nivel nacional", aseguró el líder cívico.

Por su parte el Conamaq, mediante un comunicado hizo conocer su posición en respaldo a las movilizaciones y pedidos de la UPEA. Gualberto Cusi, a nombre de esa organización, presentó una carta dirigida al presidente Morales en la que exige la renuncia inmediata de tres ministros de Estado: Romero, Guillén y de Educación, Roberto Aguilar.

A su turno, los colectivos ciudadano, entre ellos Otra Izquierda es Posible (OIP) y Basta Ya, comenzaron una campaña de recolección de firmas para solicitar la destitución del ministro Romero.

Beto Astorga (OIP), explicó que los colectivos quieren la salida de Romero porque consideran que es el “autor político” de la muerte de universitario Jonathan Quispe, y que además mintió al país con su versión inicial sobre el suceso.

Manifestó que los colectivos suelen hacer manifestaciones por el 21F y el respeto al NO, pero ahora no se sienten seguros, porque con el caso de Jonathan se demuestra que cualquier movilización puede ser objeto de disparos con canicas que atenten contra la vida de los activistas.

Acciones del Gobierno. Ante esta ola de críticas y de rechazo hacia el ministro Romero, desde el Gobierno las autoridades nacionales se han limitado a señalar que el conflicto de El Alto, se ha tornado con un tinte político, tratando así de minimizar las movilizaciones, críticas y los pedidos de renuncia que van en aumento.

Otra reacción reciente del Gobierno fue el ataque al expresidente Carlos Mesa, quien días atrás mediante un artículo de opinión responsabilizó al ministro Romero por la muerte del estudiante de la UPEA, Quispe Vila. 

"El señor Carlos Mesa tiene mucho que explicarle a Bolivia sobre hechos de corrupción, de impunidad por muertes de decenas de bolivianos, de violación a la soberanía del país y la entrega del país a intereses capitalizadores durante su rol presidencial", señala un comunicado de dicha cartera de Gobierno.

El comunicado señala que Mesa pretende politizar una “lamentable muerte” y distraer a la opinión pública para que no le sigan exigiendo respuestas sobre en qué se gastaron 20 millones de dólares de los denominados gastos reservados durante la gestión 2003 – 2005.

El Ministerio de Gobierno acusa a Carlos Mesa de no tener moral política para observar ningún accionar de las autoridades del gobierno nacional y menos comparar el actuar del ministro Romero con los otrora aliados que ocasionaron tanto “daño y muerte” al país.

Diálogo con ausencia, sin avance y en pausa. Mientras en El Alto se llevaba adelante el paro cívico movilizado, el Gobierno invitó al diálogo a la UPEA para buscar solución al conflicto.

Sin embargo, al lugar y a la hora indicada del diálogo, no llegaron los representantes de la UPEA quienes remarcaron que ellos solo se reunirán con el presidente Evo Morales, porque ya no confían en los ministros de Estado.

Una comitiva de cinco ministros, la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) abrieron el diálogo en las instalaciones de la vicepresidencia.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que en esta reunión con organizaciones sociales se ratificó que la universidad alteña no corre ningún riesgo de cierre por falta de presupuesto.

"También en la reunión se reiteró que una vez que se alcancen los acuerdos, se presentará el presidente Evo Morales, quien ratificó su participación, su interés y preocupación por la demanda de la UPEA", remarcó.

Rada afirmó que con la apertura del diálogo ya no tienen sentido las medidas de presión. Advirtió que en las protestas se involucraron intereses político partidarios que ponen en riesgo la naturaleza de la demanda presupuestaria de la UPEA.

Luego, Rada dio a conocer que el diálogo fue declarado en cuarto intermedio para que la UPEA se incorpore a este proceso, pese al descontento que ellos han hecho saber a las autoridades.

"Eso es lo que nos han dicho el año pasado, al final estará el Presidente para resolver el tema, este año en enero tenía que haber la modificación de la Ley la 195, que venimos exigiendo hace tres años, y este año otra vez, ya no les creemos, ya no es creíble lo que dicen los ministros, sí o sí con el Presidente (el diálogo)", sostuvo el secretario ejecutivo de los trabajadores de la UPEA, Andy Huanca, en respuesta a la posición del ministro Rada.

24 de mayo
Enfrentamientos de la UPEA y la Policía que terminó con la muerte de Jonathan Quispe.

Fiscalía admite querella contra Ministro Carlos Romero

La abogada Paola Barriga informó que admitieron la querella que interpuso contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila. Por este caso efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) declaran ante el Ministerio Público. La querella también es en contra del Comandante regional de El Alto, Marco Polo Garzón.

Barriga no cree que el subteniente Cristian Casanova, presentado como autor de la muerte de Jonathan, haya roto la cadena de mando y actúe por cuenta propia para poner la canica en su escopeta para luego impactar al universitario.

Para el Gobierno y Policía, el subteniente rompió la cadena de mando y por cuenta propia usó como proyectil canicas para reprimir la movilización de la UPEA.