“Se recomienda encarar un proceso de reforma de la legislación electoral que contribuya a una competencia electoral justa, libre y transparente, respetando los estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en el reporte final, que fue presentado esta semana.  

En ese documento se indica que es necesario iniciar un proceso de reflexión y de consenso amplio para revisar “ciertas disposiciones regresivas del régimen electoral que aún se mantienen”. 

En ese marco,  se mencionan como ejemplo las “sanciones desproporcionadas”, como la cancelación inmediata de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión electoral, por cualquier medio. Aquello -se considera en el informe- “constituye una forma indirecta de restringir las libertades de expresión e información”. 

En el reporte de Observa Bolivia se cita que en la Ley de Organizaciones Políticas persiste como “transfugio político” el que un representante electo asuma de forma pública una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y al programa de gobierno de la organización política que lo postuló.  “(Aquello) inhibe y restringe la libertad de expresión de las autoridades electas en cargos de representación popular, afectando la calidad de su mandato”, se lee en el informe.