Golpear sin hacer autocrítica, sin mirar más allá de sus mezquinos intereses con un falso relato o una engañosa narrativa, son el mismo sancocho:  la posverdad. Es decir, la información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia, o directamente no la tienen, como las opiniones y emociones que suscita una nueva narrativa, merced a la manipulación de la verdad histórica.  De ahí que tratan de imponer un relato que recurre a la mentira, que apela a emociones y sentimientos, que utiliza la persuasión taimada y concluye en la modificación de los hechos, sin el más mínimo respeto a la realidad histórica y a los hechos. ¿Cuáles son? Que en 2019 no hubo golpe de Estado sino fraude electoral perpetrado por el ex presidente Evo Morales y sus afines. 

Lo confirma el Informe ‘Observa Bolivia’, iniciativa ciudadana conformada por 16 organizaciones de la sociedad civil, que señala que en noviembre de 2019 hubo sucesión constitucional y que Jeanine Añez Chávez asumió la presidencia merced al ART.  169 de la CPE, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, después de la renuncia de Morales, de su Vice, de la presidenta del Senado y del presidente de Diputados. 

Creyó Morales que esas renuncias en cascada, dejaba al país en el caos, con vacío de poder, sin orden ni concierto. Pero Bolivia no era la Venezuela de Chávez en 2002.  Tenía el Art. 169 de la Constitución Política, que prevé esa extrema situación.  Y no hubo golpe alguno, pues la Asamblea Legislativa, electa en 2014 y con 2/3 a favor del MAS, aceptó todas las renuncias, anuló las elecciones de 2019, aprobó la sucesión constitucional, avaló la convocatoria a nuevas elecciones y siguió funcionado los 11 meses del gobierno transitorio y constitucional de la expresidenta Añez, aunque remó luego en su contra. 

Hoy, el MAS, su caudillo, dirigentes y militancia no aceptan esa verdad y tratan de revertirla, distorsionándola, tras su triunfal retorno, después de que Evo Morales saliera huyendo en noviembre de 2019, luego del escandaloso fraude electoral de octubre de aquel año. Volvieron merced al voto popular (55%) entre otros factores, por los errores de la oposición política. 

No obstante, la sociedad boliviana democrática, en franca batalla contra el continuismo indefinido “para toda la vida”, que es lo que pretendía Morales con su cuarta e inconstitucional candidatura, sostiene la única verdad que existe: en 2019 no hubo golpe de Estado. 

El Informe ‘Bolivia Observa’, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y de IDEA Internacional, señala que la sucesión constitucional en 2019 significó "el retorno a la normalidad institucional en Bolivia, luego de un proceso político complejo, difícil e incierto, cargado de tensiones, que se fueron acentuando en un contexto de polarización y emergencia sanitaria frente a la pandemia" COVID19.

El documento recuerda que la integridad de los resultados electorales de 2019 fue cuestionada por las misiones de observadores y expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Realizada la auditoría a dicho proceso por parte de la OEA, a pedido del aún entonces presidente Morales, sus conclusiones son lapidarias: "Manipulación dolosa" y "parcialidad de la autoridad electoral" que alteraron "la voluntad expresada en las urnas". 

Sobre las elecciones de este año 2020, el informe agrega que la etapa preelectoral se caracterizó por la alta conflictividad y protesta social que tensionaron a todo el país. “Este escenario de polarización  política, con la construcción de un imaginario que ponía énfasis en una narrativa orientada a resaltar la falsa contradicción entre oriente-occidente, urbano-rural, con connotaciones incluso racistas, invisibilizó en el debate electoral las propuestas y programas que pudieran promover los derechos humanos, la reforma de las instituciones, la inclusión social de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como la agenda de igualdad y equidad de género”. 

Contribuyó a ese clima de confrontación “la erosión progresiva del sistema de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos, base fundamental para la vigencia del Estado de Derecho”, que Bolivia arrastra con mayor crudeza, desde que Morales se hizo del poder en 2006. 

Tras su  huida, en2019, la sed de venganza encadena al MAS a la mentira, a la politización de la justicia y a la judicialización de la política.  Pobres ellos, impermeables e insensibles a la verdad: en Bolivia no hubo golpe de Estado, hubo fraude electoral. Ese año Morales y sus conmilitones pretendieron robar el voto popular. Bolivia volvió a decirles NO.