Los informes de observación electoral 2020 de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE), del Centro Carter y de Observa Bolivia no mencionan como antecedente que en 2019 en Bolivia hubo “golpe de Estado”, retórica que impulsan figuras, autoridades y militantes del MAS. En tanto, la expresidenta del Senado Eva Copa manifestó ayer que hubo una “transición constitucional forzosa”.
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Las misiones de la OEA, de la UE, del Centro Carter y Observa Bolivia, que verificaron las elecciones 2020, no consignan golpe de Estado en el país. Hablan de sucesión o de irregularidades en 2019.
Añez y Copa, después de que la primera promulgara la ley para los comicios de este año. Foto: Archivo / Página Siete
Los informes de observación electoral 2020 de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE), del Centro Carter y de Observa Bolivia no mencionan como antecedente que en 2019 en Bolivia hubo “golpe de Estado”, retórica que impulsan figuras, autoridades y militantes del MAS. En tanto, la expresidenta del Senado Eva Copa manifestó ayer que hubo una “transición constitucional forzosa”.
“Desde mi punto de vista ha habido una transición constitucional forzosa, porque no correspondía a la segunda vicepresidencia, sino a la presidencia y a la primera vicepresidencia. Lamentablemente nos hemos quedado con un vacío de poder durante cuatro días, porque renunciaron la presidenta de la Cámara Alta, la presidencia de la Cámara Baja, la primera vicepresidencia y bueno pues nos quedamos sin personas representativas en ambas cámaras y bueno se tuvo que hacer una transición forzosa”, afirmó Copa.
Copa agregó - en declaraciones a Fides- que el “ascenso por decreto” que dispuso Añez en las Fuerzas Armadas “da a pensar de que podría haber habido una planificación de un golpe de Estado”.
El informe final de la misión de la OEA -un reporte de 333 páginas sobre las elecciones de 2019 y 2020- indica que en los comicios del 20 de octubre de 2019 se detectaron “manipulaciones e irregularidades”, y que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el 23 de noviembre de ese año, sancionó la “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales”, que fue el marco regulatorio para las elecciones nacionales de este año.
Esa norma dejó sin efecto legal las elecciones del 20 de octubre de 2019 y sus resultados, y ordenó el cese de las funciones de los vocales del TSE y de los tribunales departamentales, y estableció el procedimiento para la selección de sus reemplazos.
La OEA, que realizó una auditoría a las elecciones de 2019, detectó “manipulación dolosa” a nivel de las actas y a nivel del procesamiento de los resultados. Ese análisis de integridad electoral se realizó a solicitud del gobierno de Evo Morales, que acordó que los resultados serían de carácter vinculante.
El informe de la Misión Reforzada de Expertos Electorales de la UE indica que las elecciones de octubre de 2020 fueron el resultado de la anulación de los comicios de 2019. En el documento se cita que “las irregularidades durante la transmisión de los resultados preliminares y el posterior cómputo de resultados levantaron sospechas y dieron lugar a una auditoría realizada por la OEA, que indicó manipulaciones intencionadas”.
“A esto –se agrega en el reporte- le siguió inmediatamente la dimisión del presidente Morales y de la mayoría de los altos dirigentes institucionales. Jeanine Añez, que estaba en la línea de sucesión, asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019 y formó un gobierno interino”.
En el informe de la misión de la UE se da cuenta de que, tras la salida de Morales y la asunción de Añez, el MAS reanudó su labor en ambas cámaras de la ALP y que las negociaciones entre todos los actores políticos, en particular el gobierno de Añez y la ALP controlada por el MAS, con la mediación de la UE, las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Boliviana, “avanzaron hasta sellar acuerdos”, logrando importantes hitos como: la aprobación de la ley por la que se anularon las elecciones de 2019, un reglamento parlamentario para la selección y el nombramiento de los vocales del TSE, el consenso para el nombramiento de esas autoridades. “Estos esfuerzos colectivos detuvieron los disturbios civiles y levantaron los bloqueos que habían paralizado el país”, se lee en el reporte.
El informe preliminar del equipo de expertos electorales del Centro Carter menciona que hubo una crisis poselectoral, marcada por la polarización extrema y numerosos episodios de violencia y se refiere a Añez como “presidenta transitoria”.
“En medio de una crisis poselectoral marcada por la polarización extrema de las fuerzas políticas y sociales del país, y numerosos episodios de violencia, la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales de 24 de noviembre de 2019, fruto de complejas negociaciones, decretó la anulación de las elecciones de octubre de 2019 y estableció plazos para la convocatoria de un nuevo proceso electoral por un nuevo Tribunal Supremo Electoral”, se lee en el informe del Centro Carter.
Los expertos de esa misión subrayan en su reporte que la Ley de Régimen Excepcional dispuso la suspensión de la obligación de celebrar primarias y prohibió, además, “concurrir a las elecciones a los candidatos que hubieran servido dos términos consecutivos en sus cargos”. Esa disposición dejó fuera a Morales de la carrera por la presidencia.
En el informe final de veeduría electoral de Observa Bolivia, un consorcio de 16 organizaciones de la sociedad civil, se menciona que en 2019 Morales renunció a la presidencia y hubo una sucesión constitucional que recayó en la entonces senadora Jeanine Añez.
“Las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 significaron para la democracia boliviana el retorno a la normalidad institucional, luego de un proceso político complejo, difícil e incierto, cargado de tensiones, precedido por la anulación de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la renuncia del expresidente Evo Morales, la sucesión constitucional de la presidenta Jeanine Añez, la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19 y las sucesivas postergaciones de la jornada electoral”, se lee en el informe de Observa Bolivia.
Esa organización contó con más de 2.000 voluntarios y con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea, la Cooperación Española y de Idea Internacional.
En el reporte también se indica que en 2019 con la renuncia de las máximas autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo se abrió “un proceso de sucesión constitucional que permitió la asunción a la Presidencia de la Sra. Jeanine Añez, entonces segunda vicepresidente del Senado”.
El reporte ejecutivo de la misión de Uniore (Unión Interamericana de Organismos Electorales) no menciona los antecedentes de 2019. En el caso del informe final de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe (Copppal), cuyo jefe de misión fue el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, al referirse a la “etapa preelectoral”, señala: “Desde el Observatorio Electoral de Copppal se ha dado seguimiento, desde los sucesos ocurridos en octubre del año pasado, a la situación sociopolítica y al marco normativo y electoral que se iba desarrollando y modificando a raíz de la pandemia por el Covid-19”.
Las misiones
A la hora de referirse al contexto o a los antecedentes, los informes de observación electoral de los comicios 2020 de cuatro organizaciones (OEA, UE, Centro Carter y Observa Bolivia) no mencionan que hubo golpe de Estado en 2019, tal como sostienen figuras, autoridades y militantes del Movimiento Al Socialismo.
