Las autoridades judiciales debaten el cumplimiento o no de la sentencia de la sala constitucional de Beni que resolvió anular el nombramiento del magistrado Carlos Alberto Égüez, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que en su lugar asuma su suplente, Marian Montenegro.
La Sala Plena del TSJ emitió un pronunciamiento rechazando el fallo de la Sala Constitucional y alertando un presunto escenario de “inseguridad jurídica”, ya que los magistrados solo pueden ser cesados por cumplimiento de mandato, una sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidades, renuncia o fallecimiento.
“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial a través de actos y resoluciones, abiertamente contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia”, señala el pronunciamiento del TSJ.
El Gobierno, a través de ministro de Justicia, Iván Lima, pidió el cumplimiento inmediato del fallo que revoca la credencial del magistrado Égüez y la habilitación de su suplente, Marian Montenegro.
“La Sala Constitucional Primera es un juez del Tribunal Constitucional, ellos han tomado una decisión que es de cumplimiento inmediato y debe ser acatada por todas las instancias, el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y todas las instancias; esta decisión, sin embargo, no es definitiva, debe ser revisada por el TCP”, sostuvo Lima en conferencia de prensa en La Paz.
Versión del magistrado
En Sucre, el magistrado Égüez, consultado sobre las declaraciones del ministro Iván Lima aseguró que recibe con “beneplácito” porque hace referencia al respeto a la independencia del Órgano Judicial y dejar que el TCP, a la brevedad posible, se pronuncie con un fallo final, porque en su criterio, la resolución de la sala constitucional de Beni, “es ilegal”.
“La resolución que fue dictada por un tribunal legalmente constituido ordena al Órgano Electoral emitir una resolución que resuelva mi inhabilitación de hace tres años cuando era candidato a la magistratura del TSJ por Beni; corresponde al Órgano Electoral resolver ese tema conforme a la Constitución, a la Ley Electoral y al reglamento de elecciones de 2017”, aseguró.
Aduce que en cualquier elección, precluye el derecho de reclamo con la emisión del voto y la resolución que dicta el Órgano Electoral que legitima al ganador y, Égüez sostiene que no se puede, después de tres años, retrotraer el trámite a cuando era candidato para inhabilitarlo.