Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: martes 05 de junio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Vocales tienen tres días para definir si envían a prisión al alcalde Leyes
El Juzgado Público Décimo de Familia declaró ayer lunes procedente el amparo constitucional interpuesto por el Ministerio de Justicia, que obliga a los vocales de la Sala Penal Tercera de Cochabamba a emitir una nueva resolución que definirá si mantienen la detención domiciliaria del suspendido alcalde José María Leyes o se dispondrá su encarcelamiento.
El funcionario edil está con detención domiciliaria desde el 21 de abril por el caso Mochilas Chinas. El Gobierno apeló esa medida pidiendo la detención preventiva de Leyes. Sin embargo, el 4 de mayo la Sala Tercera ratificó que el acusado debe cumplir con la medida dictada inicialmente.
Luego, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cuestionó el proceder de los vocales e interpuso un amparo constitucional para que se reconsidere la situación jurídica de Leyes.
La cartera de Estado ganó el amparo y ahora la Sala Tercera "debe presentar en el término de tres días un nuevo fallo, plazo que servirá para fundamentar una nueva decisión sobre la situación jurídica del alcalde", refiere un comunicado del Ministerio de Justicia.
El ministerio de Justicia espera que los vocales de la Sala Tercera modifiquen el fallo de detención domiciliaria porque, según su versión, se cumple con todos los requisitos que prevé el Código de Procedimiento Penal para que se dicte una medida de detención preventiva.
Leyes, alcalde suspendido, es investigado por un proceso irregular de la compra de mochilas escolares.
Alcaldía aleja a cinco funcionarios
El director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Cochabamba, Hernán Méndez, informó ayer que cinco funcionarios fueron desvinculados de la institución por órdenes superiores.
Se tomó la decisión porque los funcionarios son cercanos al ex secretario administrativo Diego Barrón y del exsecretario de atención ciudadana José Miguel Padilla, vinculados en la compra irregular de más de 91.000 mochilas escolares chinas para 2018.