Carlos Quisbert / La Paz

Carlos Alberto Egüez, aún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  calificó de ilegal el fallo de una sala constitucional de Beni que ordenó la anulación de su designación en el cargo y anunció que analiza “mecanismos de defensa” para no ser marginado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ejecutó la resolución, pese a que es de cumplimiento obligatorio e inmediato.

“Estamos estudiando con mi abogado diferentes mecanismos de defensa que podemos ejercer para hacer valer mi derecho al trabajo, al ejercicio (del cargo), al haber ganado una contienda electoral (en 2017). Me pretenden inhabilitar sin haber sido vencido en un proceso en el cual yo me pueda defender. Sólo con una acusación, con una acción popular pretenden desaparecer los tres años que he venido ejerciendo mi función”, reclamó.

El pasado viernes, la Sala Constitucional Primera de Beni determinó dar lugar a una acción popular e instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE)  anular la designación de Egüez, por haber realizado, en diciembre de 2017, campaña electoral con dirigentes indígenas del MAS en tres poblaciones rurales de Beni, no obstante  que ello estaba prohibido.

Según el fallo, pese a las diferentes pruebas de dicha falta,  el hecho no fue sancionado oportunamente por el Órgano Electoral, por lo que “el daño a la sociedad sigue latente”, pues Egüez ejerce el cargo como resultado de una ilegalidad, por lo que el TSE debe anular la credencial de “autoridad electa” y habilitar a quien resultó “víctima del fraude” y quedó como segunda: la magistrada suplente Mariana Montenegro.

Según la norma, la resolución de destitución es inapelable, pero debe ser sometida a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que puede confirmar, dejar sin efecto o realizar una corrección al fallo. Sin embargo, el presidente de esa instancia judicial, Paul Franco, opinó ayer que la determinación debió ser acatada de forma inmediata, sin esperar lo que se resuelva en la etapa de revisión.

El cumplimiento del fallo es de responsabilidad del TSE, instancia que fue notificada el pasado viernes en una audiencia, por medio de su representante legal. Hasta ayer, el presidente del TSE, Salvador Romero, no emitió ningún pronunciamiento, pese a las consultas de este medio.

“De acuerdo al Código Procesal, las resoluciones que emergen de las salas constitucionales son de cumplimiento obligatorio e inmediato, sin perjuicio de la revisión que pueda ejercer el TCP (…) Seguro la Sala Constitucional notificará a las autoridades demandadas (TSE) y en función de ello deberán acatar lo que la sala resolvió”, declaró Franco.

Sostuvo que se envió una carta al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, debido a que la Sala Constitucional Primera de esa región no remitió, hasta ayer, los archivos del caso para su revisión. Franco recordó que las salas constitucionales están facultadas para resolver cualquier causa que vulnere derechos colectivos o individuales que, por diferentes razones, no fueron normados en las leyes.

El presidente del TCP anunció que, una vez que el caso llegue a Sucre, convocará a una sala plena para que, por su importancia, se analice con prioridad su revisión, por sobre otras 20 acciones populares que están pendientes de tratamiento.

El ministro de Justicia, Iván Lima, instó al TCP a resolver de manera “urgente” la situación de  Egüez, aunque resaltó que, pese a que la medida se asumió tres años después de que se posesionó al magistrado, el Ejecutivo respetaría la independencia judicial y lo que definan los jueces.

Contra Egüez, en relación con  su elección, se presentaron denuncias por el secuestro de una notaria electoral, por fraude debido a la alteración de actas. 

Ya en el ejercicio de sus funciones se le abrieron procesos por tráfico de influencias por supuesta manipulación en la asignación de contratos y por instruir a un juez para que rechace las denuncias en su contra, hechos que fueron base para juicios de responsabilidades que no fueron concluidos.

El Colegio Nacional de Abogados emitió un comunicado que recuerda que los magistrados pueden ser alejados del cargo sólo por los mecanismos establecidos en la Constitución y en las leyes:  renuncia, sentencia ejecutoriada, cumplimiento de mandato y muerte.
 

 El Gobierno está preocupado

El Gobierno, mediante el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó su preocupación por lo que ocurre con el caso del magistrado Carlos Alberto Egüez  y sugirió celeridad en un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dar una palabra definitiva sobre este asunto. No obstante, dijo que el Ejecutivo no tomará cartas en este asunto.

  “Los jueces (de la Sala Constitucional Primera de Beni) han decidido revocar la credencial del magistrado Egüez y habilitar a la magistrada (Mariana) Montenegro como titular, esta resolución es de cumplimiento inmediato (…) En temas de gravedad como este necesitamos una respuesta urgente de nuestro TCP. El Órgano Ejecutivo no se pronunciará más sobre esta temática;  dejamos esto en manos de la justicia constitucional”, señaló durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes.

El Tribunal Supremo de Justicia advirtió de un “escenario de inseguridad jurídica” y recordó que hay causales específicas para el cese de mandato.