Una magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), correspondiente a Beni, ha quedado en el limbo, después de que una Sala Constitucional revocó el mandato de Carlos Alberto Egüez tras advertir irregularidades en su elección realizada hace tres años. El Gobierno anunció que respeta la decisión, pero espera que el Tribunal Constitucional se manifieste al respecto, mientras que el TSJ rechazó el fallo.

El pasado viernes la Sala Constitucional I de Beni determinó revocar la credencial de Egüez y ordenó que se posesione a Mariana Montenegro (que quedó segunda en las elecciones judiciales de 2017) en el cargo de magistrada, debido a una Acción Popular que refería irregularidades en los comicios.

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el argumento de la decisión consiste en que hubo fraude electoral en las elecciones judiciales de hace tres años.

El caso ya había sido denunciado por Mariana Montenegro en varias ocasiones, después de que perdió la elección por un estrecho margen. Entre las denuncias al respecto, también una notaria había referido que había sido interceptada por un grupo de personas para modificar las actas a favor de Egüez.

Lima llamó a la reflexión porque, según afirmó, no es lo más pertinente que se haya actuado respecto a este tema tres años después de los hechos denunciados. Sin embargo, dijo que la posición del Gobierno es respetar la decisión de la Sala Constitucional I, pero también pedir el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se pronuncie con urgencia al respecto.

Por procedimiento, las decisiones de la Sala Constitucional deben elevarse a revisión ante el TCP.

“El Gobierno nacional tiene una posición firme en este caso. Vamos a respetar la independencia de los jueces, la Sala Constitucional I es un juez del Estado. Ellos han tomado una decisión, su decisión es de cumplimiento inmediato y debe ser acatada por todas las instancias: Tribunal Electoral, Tribunal Supremo y todas las instituciones correspondientes. Esta decisión, sin embargo, no es definitiva, debe ser revisada por el Tribunal Constitucional en Sucre”, dijo Lima.

El Ministro exhortó al presidente del TCP a que se pronuncie de manera acelerada al respecto, puesto que no se puede esperar seis meses para solucionar este tema.

TSJ advierte inseguridad jurídica 

El Presidente y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciaron al respecto y advirtieron que el fallo en Beni genera inseguridad jurídica.

Argumentaron, mediante comunicado, que la decisión de la Sala Constitucional I de Beni no se ajusta a las causales de cese de funciones de magistrados, estipuladas por la Constitución.   

Señalaron, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, pueden ser cesados en sus funciones por las siguientes causales: «cumplimento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley», entre las que no se incluye la posibilidad de una anulación de participación y consiguiente inhabilitación como candidato después de ser electo y estar cumpliendo funciones.

El TSJ, en ese marco, rechazó “de manera categórica cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial a través de actos y resoluciones, abiertamente contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia”.