Un fallo de la Sala Constitucional del Beni desató un conflicto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al ordenar de forma retroactiva dejar sin efecto el nombramiento y posesión del magistrado Carlos Alberto Egüez. El máximo tribunal advirtió de un “escenario de inseguridad jurídica” y recordó que hay causales específicas para el cese de mandato.

“No se incluye la posibilidad de una anulación de participación y consiguiente inhabilitación como candidato después de ser electo y estar cumpliendo funciones, emergente de una resolución pronunciada en trámite de Acción Popular, con objeto y finalidades distintas, y respecto a actos sujetos al principio de preclusión, conforme normativa electoral”, sostiene un comunicado del TSJ.

Un recurso de Acción Popular fue presentado por Robin Mercado Céspedes, Marco Antonio Balcázar y María Patricia Guardia Morales en contra de los exvocales y los actuales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no haber inhabilitado oportunamente la candidatura de Egüez por faltas electorales en 2017.

Según la ley, los candidatos judiciales no pueden hacer campaña pero Egüez, de acuerdo con la denuncia, fue descubierto pidiendo el voto en las localidades de Oromomo, Puerto San Lorenzo y Misión Fátima, donde se repitió el sufragio por irregularidades.

La Sala Constitucional del Beni falló el 4 de diciembre ordenando al TSE declarar la nulidad de la candidatura de Egüez. “Se tenga como ganador al que alcanzó la segunda mejor votación (la abogada Mariana Montenegro), debiendo además el Órgano Electoral dejar sin efecto el nombramiento y posesión del referido candidato, anulando además la credencial otorgada al mismo como autoridad judicial”.

Los ahora magistrados “rechazan de manera categórica cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial a través de actos y resoluciones abiertamente contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes”.