“Por otra parte, persiste la necesidad de institucionalizar espacios de debate programático entre los candidatos, que contribuyan al voto informado de la ciudadanía. Se recomienda que pueda aprobarse un Reglamento que fije los criterios para un debate de esta naturaleza, que enriquecería la comparación de propuestas electorales”, señala parte de las conclusiones del informe final.

En la Ley 026 del Régimen Electoral no se contempla la figura de “debate” de programas de gobierno entre candidaturas, pero sí contempla la prohibición de la publicación de propaganda gubernamental en los medios de comunicación durante los 30 días previos a las elecciones.

Durante el proceso electoral de los comicios del 18 de octubre de 2020, se observó la necesidad de generar espacios de debate entre candidatos, que postulaban a la silla presidencial del país, pero a falta de un reglamento específico los postulantes decidían si se presentaban o no a debatir en los espacios organizados por diferentes instituciones.

Para las elecciones de octubre pasado se organizaron dos debates principales, uno llevado a cabo por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) y la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) que, de alguna manera mostraban afinidad hacia el partido azul porque fue el único evento que fue aplaudido por el expresidente Evo Morales y al que asistió el entonces candidato y actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

El otro debate que fue organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y una amplia red de medios de comunicación de todo el país y fue el que más resaltó ante la sociedad a pesar de que Arce y Luis Fernando Camacho no se hicieron presentes.

En diciembre de 2019, la expresidenta Jeanine Áñez presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que obligaba a los candidatos a debatir sus propuestas, pero como existía un conflicto constate entre el Ejecutivo y Legislativo, en ese entonces, la propuesta de esa nueva norma no prosperó.

El proceso hacia las elecciones subnacionales está en marcha tras la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fijó la fecha para el próximo 7 de marzo de 2021 como día de votación. Los debates entre candidaturas se centrarán más en las regiones, pero aun así mantienen su importancia.

Otras conclusiones del informe

Observa Bolivia es una red conformada por 16 instituciones distribuidas en diferentes partes del país y contó, para ser veedores locales de las elecciones del 18 de octubre, con el apoyo económico de Unión Europea (UE), Idea Internacional y la Embajada de España en Bolivia.

Entre las conclusiones a las que se llegó en su informe final está el hecho de que Áñez llegó a la presidencia por sucesión constitucional.

“La crisis política por la que atravesó el país en los últimos años refleja un proceso de debilitamiento institucional que no sólo comprendió el sistema electoral, sino que también encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos, base fundamental para la vigencia del Estado Derecho”, apunta el informe.

Otra de las conclusiones de Observa Bolivia es que las elecciones nacionales tuvieron una participación de más del 88% de la población y “pese a las dificultades y desafíos de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, en general se realizó de manera ordenada, pacífica y conforme al procedimiento electoral”.