El gobierno del MAS sostiene que la gestión de Jeanine Áñez fue un gobierno de facto.

Aunque señala también que su postulación, la pandemia y su posterior declinación a la candidatura de la expresidenta ayudan a entender cómo llegó la democracia boliviana a la cita electoral de octubre pasado.

Los logros principales de Observa Bolivia, según el informe, fueron consolidar una iniciativa de observación electoral doméstica, con aval de la UE y España, y que se mantendrá en futuros procesos electorales, por lo tanto, se institucionalizará. El documento resalta que esta experiencia promovió la democracia participativa desde la sociedad civil y fortaleció la democracia.

“La crisis política por la que atravesó el país en los últimos años refleja un proceso de debilitamiento institucional que no sólo comprendió el sistema electoral, sino que también encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos, base fundamental para la vigencia del Estado Derecho”, menciona el documento en sus conclusiones.

El texto subraya también que “la inaplicabilidad de los límites a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, la sucesión constitucional de la presidenta Jeanine Áñez, su candidatura y declinación, la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19 y las sucesivas postergaciones de la jornada electoral, constituyeron hitos fundamentales para entender cómo llegó la democracia boliviana a ese día de votación”.

Luego de las elecciones fallidas de 2019, la recomposición del Tribunal Supremo Electoral -mediante la designación de nuevos vocales conforme al procedimiento constitucional- fue clave para recuperar la credibilidad del proceso, pero no suficiente. 

Este contexto de polarización y pandemia motivó diversas situaciones en las que actores políticos, cívicos y sociales presionaron e interfirieron las labores del órgano electoral, afectando su independencia y autonomía.

Lamentó que la etapa preelectoral se caracterizó por la alta conflictividad, con enfrentamientos y movilizaciones de protesta “que tensionaron a todo el país, agravadas por ciertas acciones radicales y discursos de confrontación y estigmatización de algunos actores”.  La OACNUDH registró 41 incidentes de violencia y agresión en el período de campaña electoral. La jornada electoral, pese a las dificultes, fue en general ordenada, tranquila y pacífica.

Este escenario de polarización política, “con la construcción de un imaginario que ponía el énfasis en una narrativa orientada a resaltar la falsa contradicción entre oriente-occidente, urbano-rural, con connotaciones incluso racistas, invisibilizó en el debate electoral las propuestas y programas que pudieran promover los derechos humanos, la reforma de las instituciones, la inclusión social de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como la agenda de igualdad y equidad de género, señaló.

Observa Bolivia consideró que el OEP ha cumplido con todas las previsiones legales para aprobar oportunamente el cómputo final y definitivo. No se refirió a la suspensión del sistema de transmisión rápida y subrayó que los resultados finales fueron aceptados y reconocidos por los principales candidatos presidenciales y misiones de observación electoral, nacional e internacional. 

Consideró que "de manera extemporánea", algunos actores cívicos y políticos pidieron una auditoría del conteo final, no se respaldó de manera documentada la evidencia de irregularidad alguna que afecte la legitimidad de esos resultados.

El informe refleja 15 indicadores, con sugerencias para modificar leyes y mejorar los procesos para garantizar el ejercicio de derechos electorales en el país.