Hoy 8 de diciembre, un mes desde que se produjo la posesión del presidente Arce, la sensación ciudadana es que pareciera que las urgencias no eran tales, pues la falta de definiciones políticas sobre los temas electorales no aparecen todavía como titulares en los medios.

Simultáneamente a esta realidad, ingresamos a otro escenario electoral en el que seguramente se repetirán los discursos sobre los mismos temas; según el calendario electoral, el escenario de mayor probabilidad es que, aunque las elecciones se realizarán el 7 de marzo, las autoridades territoriales sean posesionadas los primeros días de mayo.

Solo para tener las ideas claras, entre la realización de las elecciones nacionales y las que completarán la constitución del poder público territorial, habrán pasado casi ocho meses en el que las urgencias políticas discursivas, podrían seguir llenando los titulares de los medios.

Si le sumamos la posibilidad de que en las elecciones del 7 de marzo se realice el Referéndum que apruebe la Reforma Constitucional del desprestigiado Órgano Judicial, tendremos que aceptar que algo está ocurriendo que impide empatar las necesidades del común de los mortales, con las que tienen quienes ejercen la administración pública, el poder público y representan la soberanía popular en sus componentes de oficialismo con un 55% del electorado, y la oposición con el restante 45%.

La ruta política para llegar a este momento, se vio acompañada de una profunda crisis del Estado y de su expresión social. Para quienes conocemos el funcionamiento del Estado, sabemos que ese componente de lo público puede ajustarse con más o menos rapidez a través de la aprobación de leyes y decretos; además, esa sería la demostración buscada por los reformistas para justificar sus afanes burocráticos.

Sin embargo, la crisis de la sociedad tiene otros tiempos, pues su modificación requiere cambios que van más allá de ajustes en los organigramas. Hay una agenda social de características altamente delicada y profunda que necesita no solo acciones desde la administración, sino desde la base misma de sustentación de la sociedad. Los índices de violencia, ruptura y confrontación solo pueden superarse con una agenda de reconstrucción nacional en la que todos los actores deben perder algo de sí mismos en función del bien tutelado mayor que es conocido como el “bien común”.

Y volviendo a los temas que marcaron la agenda electoral nacional, ninguno de ellos es posible de superarse sin la gente, así tengamos completa la estructura administrativa de los niveles territoriales e iniciada la reforma radical de la función jurisdiccional. La salud, la economía y la gobernanza requieren de medidas que interpelan la consciencia nacional y exigen un cambio de conducta de la misma naturaleza.

El sinceramiento con la población y el territorio, con la distribución del poder, con la capacidad de producción e innovación que nos mantenga en el espacio de la competitividad sanguinaria de la economía internacional, debe superar pruebas cuyos parámetros no están definidos por nuestras limitaciones, sino por la presión externa en la que ya no podemos seguir justificando nuestras limitaciones buscando el encierro. La pandemia y la conectividad lo están demostrando cotidianamente. De nada servirán los quince millones de celulares distribuidos entre once millones de habitantes que somos, si el aparatejo no representa también el instrumento de la globalización y los retos que debe alcanzar nuestro desarrollo. Ya hicimos el trabajo más difícil, toca ahora completarlo entre todos.