Entre sus 15 puntos de conclusiones y recomendaciones destacan las referidas al “ordenamiento jurídico” y al “cómputo, publicación de resultados finales y contexto posterior”.
Sobre el primer ámbito, el informe sugiere impulsar un proceso de reforma de la normativa electoral en “los aspectos que denotan vacíos y contradicciones”, en referencia a la paridad, los derechos de las mujeres y al acoso y violencia política, los plazos de inhabilitación y sustitución a candidaturas, entre otros.
“Se hace necesario iniciar un proceso de reflexión y consensos amplios para revisar ciertas disposiciones regresivas del régimen electoral que aún se mantienen”, indica el proyecto.
Entre las “sanciones desproporcionadas” de la normativa electoral, Observa Bolivia señala la cancelación inmediata de la personalidad jurídica de aquellas organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, pues considera que “afecta la libertad de asociación”.
Sobre el conteo de actas, Observa Bolivia indica que el Órgano Electoral “cumplió con todas las previsiones legales para aprobar oportunamente el cómputo final y definitivo”.
Además, resalta que los resultados fueron reconocidos por los candidatos presidenciales y las misiones de observación e indica que “de manera extemporánea”, actores cívicos y políticos pidieron una auditoria del conteo final.
Sin embargo, agrega que “no se respaldó de manera documentada la evidencia de irregularidad alguna que afecte la legitimidad de los resultados”.
