Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 05 de junio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Humberto Trigo, abogado del Alcalde, dijo que eso no podría darse.
En
el proceso Mochilas I, de adquisición del material escolar con
supuestas irregularidades este año, el Viceministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó un amparo
constitucional contra los vocales Nelson Pereira Antezana, de la Sala
Penal 3; y Eddy Mejía Montaño, de la Sala Penal 1, por haber ratificado
el 4 de mayo la detención domiciliaria y no haber dictado la preventiva
para Leyes; y pidió que se emita otra resolución con los fundamentos
adecuados.
La jueza determinó “conceder en parte” la tutela al
Viceministerio, dejando sin efecto el auto de vista del 4 de mayo.
Instruyó, además, que se realice otra audiencia dentro de tres días,
hasta el 7 de junio, para que los vocales emitan una nueva resolución
respecto a las medidas sustitutivas.
Para el representante
departamental del Viceministerio, Ever Veizaga, esto abre la posibilidad
de la detención preventiva. “Es posible. Estamos acudiendo a esta
instancia, toda vez que se encuentran cumplidos los requisitos de la
detención preventiva”.
Pero, para el abogado de Leyes aquello no
puede darse. “Los vocales ya han emitido su criterio de manera
anticipada. Que no signifique ninguna excusa para los contrarios (...).
No estaríamos retornando a la audiencia de apelación, sino
complementando. Todo lo que son riesgos procesales ya no se puede tocar
ni modificar”.
El 21 de abril se dictó la detención domiciliaria
del Alcalde. El 4 de mayo fue la audiencia de apelación en la que la
parte acusadora pidió detención preventiva y la defensa, la libertad
irrestricta.
Entonces, los vocales Pereira y Mejía ratificaron la
detención domiciliaria. Ante esa determinación, el Viceministerio
presentó el amparo constitucional.
Veizaga enfatizó que se
acreditó “las facilidades (de Leyes) para abandonar el país” con el
flujo migratorio, porque no solo viajó como autoridad, sino como
ciudadano particular. “Entre 2002 y 2013, realizó viajes (...). No han
hecho ningún tipo de análisis (los vocales) del porqué no se ha
dispuesto la detención preventiva”.
En días anteriores, el
viceministro Diego Jiménez cuestionó que hubo una contradicción entre
los vocales. “Decían que había probabilidad de autoría y los riesgos de
obstaculización. Habiendo estos elementos, ellos fallaron ratificando la
detención domiciliaria y sin fundamentarlo”.
Los vocales se
ausentaron de la audiencia de ayer. Sin embargo, enviaron un informe en
el que expresaron, entre otros aspectos, que “los viajes fueron
anteriores a la denuncia” y pidieron denegar el pedido del
Viceministerio.