El proceso de municipalización se inició un 20 de abril de 1994, cumplió 29 años dando paso a una serie de transformaciones que beneficiaron al país, como la inversión pública que devino en beneficios sociales, económicos y de infraestructura en los municipios; se dio inicio a lo que se llamó «vía boliviana de la descentralización», a través de las secciones de provincia, que se convirtieron en municipios. Este proceso identificó municipios que luego de un ajuste de los límites territoriales resultó a la fecha, en 339 municipios. Un tema central de la municipalización del país es la transferencia de recursos que hubo hacia los municipios. Antes de la Ley de Participación Popular, el 90,8% de lo recaudado a nivel nacional se quedaba en las tres principales capitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; quedando sólo el 9,2% para el resto de las alcaldías. La capital del departamento de La Paz, concentraba el 97,3% de las recaudaciones, mientras que sólo el 2,7% era para los 74 pequeños centros poblados provinciales. En el caso de Cochabamba, la capital percibía el 87% de los tributos, quedando sólo el 13% para 43 poblaciones del departamento. Pando era el de la desigualdad mayor, Cobija concentraba todo lo recaudado, en tanto que las demás 13 secciones de provincia no percibían ni un solo centavo por este concepto. Con nuevos recursos para disponer, los gobiernos municipales del país ejecutaron siete de cada 10 dólares de la inversión pública nacional proyectada en el Presupuesto General de la Nación. Del total de la inversión pública ejecutada por los gobiernos municipales, el ámbito privilegiado, fue y es, el desarrollo humano, pues en éste se invirtió el 25%, especialmente en los servicios de salud, infraestructura, equipamiento, medicinas, educación, infraestructura, equipamiento, desayuno escolar y otros.
El jueves 21 de abril de 1994, los periódicos amanecieron anunciando que la Participación Popular ya era ley de la República. Se han cumplido 29 años de la norma que “municipalizó” al país e inició el proceso de descentralización. Según sus artífices y detractores (hoy el MAS en el poder), hizo más: reconfiguró el territorio, el poder y la transferencia de recursos. Sin embargo, a pesar del regocijo de las portadas de aquel 21 de abril, en el interior de los periódicos había textos detractores que advertían que la Participación Popular iba a “legalizar el abuso del Gobierno a las regiones”, fue declarada “ley maldita” (COB y CSUTCB). Esa fue la segunda medida dentro de un paquete de “ajuste estructural” que venía a tono con el modelo del libre mercado que se implementó en 1985 en Bolivia. El debate parlamentario se inició la tarde del martes 19 de abril y la ley fue aprobada por tiempo y materia al finalizar la tarde del 20. Era tal el entusiasmo al concluir el procedimiento que fue inevitable entonar el Himno Nacional a viva voz y con total emoción: las diferencias ideológicas se borraron en el hemiciclo parlamentario: se cantaba a Bolivia.
La República en ese entonces daba cuenta de 22 proyectos de ley presentados previamente ante el parlamento durante al menos 12 años de debate sobre descentralización administrativa. La diferencia entre todos los intentos anteriores y el último del 1994, qué sí llegó a buen puerto de institucionalización fue, la VOLUNTAD POLÍTICA para aprobar la descentralización. Esa acción política congresal, expresaba que “no hubo invención”, sino más bien un alineamiento de capacidades y voluntades que identificaron una oportunidad, es decir se obró con Voluntad Política. Las bases y antecedentes nacionales para converger en la Ley 1551, se puede decir viene desde la Guerra del Chaco que obligó al reconocimiento como país; a la Revolución del 9 de abril del 52 y sus reformas cruciales, a la fundación de la COB, la Conaljuve, CSUTCB, CIDOB, a las corporaciones regionales de desarrollo, a las luchas cívicas por la descentralización, a la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades, a la Ley SAFCO y a las estadísticas de inicios de la década del 90. El Censo del año 92 arrojó un dato alarmante que develaba la necesidad de sincerar la relación del Estado con el territorio: el 42% de la población boliviana vivía en comunidades que no alcanzaban a los 2.000 habitantes, estaban fuera de radios urbanos lo cual implicaba que no pertenecían a ningún municipio. Por lo tanto, ese 42% de población no escogía alcaldes, no se beneficiaba con asignación de recursos económicos municipales, no formaba parte de decisiones con repercusión local y en gran medida se veía obligada a migrar a las ciudades para poder acceder a salud y educación, conformando los cordones suburbanos pobrísimos.
Bolivia, ese entonces, tenía 186 municipios, pero sólo 24 disponían recursos económicos con ingresos superiores a 1.000 dólares, debido a que la Ley 843 de Reforma Tributaria del año 1.986, establecía una coparticipación en favor de los municipios disponiendo que las obligaciones fiscales se hagan efectivas en el domicilio legal del contribuyente. Otro aspecto que permite graficar el contexto de aquella época tiene que ver con la gestión. Por ejemplo, las gasas, el algodón, el alcohol que se necesitaba para los hospitales en Potosí o Chuquisaca, eran adquiridas en La Paz y desde allí redistribuidas a todo el país. Lo propio sucedía con tizas y pizarras para escuelas de Cobija, Sacaca o Sorata. Es cuando se aprueba la Ley 1551 cuyos objetivos principales eran: reconocer el territorio, dotarle de autoridad (Alcaldía), traspasarle competencias y transferirle recursos económicos. La Ley de Participación Popular fue una decisión esencialmente política e ideológica que reconfiguró las dinámicas nacionales y a pesar de que fue abrogada tras la aprobación de la Ley de Autonomías, el país continúa estructurado sobre sus cimientos y columnas. Los álgidos debates que surgieron en torno a la Ley y las posturas críticas respecto a la misma, dejan constancia que fue más que una acción administrativa: la Ley de Participación Popular reconfiguró las dinámicas nacionales. Fue el primer paso serio hacia la descentralización y con la municipalización se esbozó la Bolivia de hoy y se proyectó el proceso autonómico.
La Ley 1551 fue abrogada con la Ley de Autonomías, no obstante, sus profundas raíces, aún proyecta la historia municipal. Analistas, sociopolíticos, historiadores, académicos y otros, opinaron -no por casualidad- qué, Bolivia debía seguir una ruta única de municipalización como el instrumento idóneo para el desarrollo subnacional: Comunidad Pequeño Municipio. Bolivia Municipal. Los políticos/candidatos, tienen la palabra, obren en consecuencia. La proximidad de las elecciones subnacionales, obligan a pensar en la profundización de estas líneas maestras de la descentralización y del proceso autonómico -hoy, secuestrado- que debe ser reasumido con vocación y mística.