Conocida la idea, no pudo existir otro término más “ultraneoconservador”, proveniente de un gobierno de izquierda, de convocar a “notables” para la coyuntural reforma judicial. Ello implicaría, por un lado, afirmar que el resto de profesionales del país, “los innotables”, no están aptos para aportar al debate de la crisis del sistema de justicia en el país, y, por otro, que reconozcamos ser gobernados por una sociedad aristocrático-monárquica. Qué error, desde luego que nada es así.

Descartando combinar democracias, representativa (elecciones subnacionales) con participativa (referendo de reforma constitucional), existen elementos coincidentes que surgen a raíz de la oportunidad de refundar o refundir a la justicia, que no debe ser decisión sólo de partidos políticos. Si se quieren cambios es desde casa para reestructurar el Órgano Judicial y el Ministerio Público; juezas, jueces y fiscales que en el ejercicio de sus funciones continuaron capacitándose deben continuar, ningún cambio puede aplicarse con los mismos actores que no se apasionan por la investigación académica en el derecho y la administración de justicia; por ello evaluación permanente. 

Cero mora procesal. Hace unos días el Magistrado Juan C. Berríos del TSJ, los Vocales Margot Pérez, Eddy Arequipa y Jorge Quino del TDJLP, informaron a la comunidad litigante que no tienen causas pendientes. Esa labor es digna de destacarse por su pericia procesal, por ello debe institucionalizarse la carrera judicial, considerar el tiempo de permanencia en los altos cargos (cuatro años más un periodo similar previa evaluación) y, desde luego, cambiar la modalidad del voto para elegir autoridades judiciales como eje transversal en la reforma.

Méritos pero además cualidades. No serviría de nada tener a abogados con PhD en función judicial si su desarrollo profesional es cuestionado por inadecuados comportamientos ético-morales en la sociedad litigante, que dejen entrever su probidad a la hora de dictar resoluciones.

Menos magistraturas más jueces. Hubo una gestión en el Tribunal Agroambiental en que sus miembros se “metían” amparos constitucionales peleando la presidencia de esa instancia, que no tiene razón de ser como tribunal, sino solamente como una sala especializada en el TSJ. Más jueces y fiscales para descargar las 700 causas (en promedio) de primera instancia que deben atender. 

Actores de reforma. Es inconcebible que hoy elijan jueces quienes jamás administraron justicia, ese proceso debe ser riguroso, cualificado académicamente, y efectivizado por administradores de justicia que conocen a las nuevas generaciones de jurisconsultos. Debe alejarse a quienes sin compromiso sólo esperan la jubilación en sus actuales cargos. 

Justicia plural, género y presupuesto. Debe garantizarse el 50% de mujeres y participación indígena en las altas magistraturas del país e incrementar en el PGE 2021 los escasos 0,6% anuales para la Fiscalía y este órgano de poder. Desde la comunidad de “innotables” también se puede compartir ideas para el debate de propuestas de la reforma constitucional judicial.

Israel Adrián Quino Romero es abogado y periodista, exdelegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo Bolivia.