Pruebas a superar. Lomerío demandó al Estado su autonomía indígena de base territorial en 2008, en ejercicio al derecho a la libre determinación con el respaldo jurídico de la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), norma internacional que fue ratificada por Bolivia en noviembre de 2007 a través de la Ley No. 3760.

La nación Monkoxi de Lomerío se declaró en 2008 como el primer territorio indígena autónomo del país. A partir de esa fecha avanzaron en el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos por la normativa, entre ellos el certificado de ancestralidad y viabilidad gubernativa; asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció la conformación de su órgano deliberativo denominado Consejo Consultivo Autonómico (CCA).

Sin embargo, a decir de Masaí, cacique de la Cicol, "nuestros principales adversarios fueron los del gobierno que se decía ser representante de los pueblos originarios, no fue tanto de la oposición".

Masaí explicó que cada trámite solicitado implicaba un par de años por parte de las instituciones estatales como el Ministerio de Autonomías (luego convertido en viceministerio), el Tribunal Constitucional y ahora será el turno del Tribunal Electoral.

Opción a seguir. A diferencia de la autonomía indígena de Charagua, donde se transformó en municipio indígena, el proceso de Lomerío implica que todo la Tierra Comunitario de Origen (TCO), se convierta en un gobierno con usos y costumbres de acuerdo a la cosmovisión, en este caso, del pueblo Monkoxi.

"Eso implica recortar parte del territorio de los municipios aledaños", explica Masaí.

El proceso siempre fue complicado, pero se hizo mucho más con la lentitud de la burocracia estatal y el poco o nulo acompañamiento del Ministerio de Autonomías, según la Cicol.

"Nos pedían un certificado de ancestralidad, que no es más que un trámite administrativo. El Viceministerio de Autonomías tardó dos años en dárnoslo", reniega el cacique. "Pero, yo me preguntó ¿qué más ancestralidad que nosotros mismos, que vivimos aquí desde antes de la Colonia. Nosotros no nos hemos ido a otro lugar desde hace siglos, porque Lomerío es para nosotros nuestra casa, siempre lo fue", resume.

Otras amenazas. Pero además de las trabas burocráticas, la Cicol ha tenido que enfrentarse a la oposición interna.

En la asamblea participaron 20 de las 29 comunidades convocadas que conforman el territorio. Cada representación estaba compuesta por seis delegados. Para la aprobación, el cacique de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Elmar Masai, consultó a cada una de las comisiones de seis representantes de las comunidades si estaban o no de acuerdo con la aprobación de la norma. Las 20 comisiones asintieron a la pregunta. No obstante, las nueve comunidades que no participaron intentaron sabotear la aprobación final del estatuto.

Para ello, realizaron un bloqueo en la ruta Cuatro Cañadas-San Antonio de Lomerío, con el fin de impedir la llegada de los delegados a la Asamblea.

De hecho, impidieron que un par de comunidades no tengan a sus delegados completos, e incluso hubo una agresión al cacique de la comunidad San Ignacito, Javier Cuasase, y otros delegados que finalmente lograron llegar a Puquió, sede de la Asamblea, y denunciar lo ocurrido.

Elizabeth Chuvé, otras de las agredidas, denunció que el alcalde de San Antonio de Lomerío, Ignacio Soriocó, encabezaba los bloqueos, apoyado, supuestamente por el Comité Cívico local.

"El problema de ellos es que con esta autonomía se acaban los partidos políticos, por eso están enojados", explica Masaí.

Efectivamente, una vez se aplique plenamente la autonomía indígena, se elegirán por usos y costumbres tanto el cacique, que reemplaza a la figura del alcalde, y los delegados, que sustituyen a los concejales. 

De acuerdo a su estatuto, estos cinco delegados y el cacique se elegirán mediante asambleas. En el caso de los delegados, habrá un representante por cada zona, que está relacionada con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) y un quinto se elegirá por consenso en una gran asamblea. También se ha dispuesto la paridad de género entre titulares y suplentes.

Para la Cicol, no varía mucho la estructura municipal actual, solo que la forma de elección será de acuerdo a dinámicas ancestrales.

Al momento, el Estatuto Autonómico cuenta con la declaración de constitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2018; sin embargo, continúan en la demanda para la aprobación del proyecto de Ley de Creación de Unidad Territorial que presentaron en febrero de este año a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como un requisito exigido en la norma para la constitución de su gobierno indígena.

También solicitaron al TSE la supervisión de su asamblea para la aprobación de su estatuto, pero hasta la fecha no obtuvieron una respuesta fundamentada, por lo que decidieron llevarla adelante de acuerdo a la planificación que establecieron en la solicitud que presentaron a la institución electoral, mencionó Masai.
"Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se manifieste y nos dé la información para seguir los trámites legales y asumir la transición al gobierno indígena", expresó.

Indígenas del beni se disponen a marchar

Llevan 13 días en vigilia frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aún no consiguen una respuesta favorable a su principal demanda. Los dirigentes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) 1 de las provincias Moxos y Yacuma del departamento de Beni mantienen su vigilia en pos de lograr que el TSE apruebe la aplicación de la Ley 1198, para que el estatuto autonómico se apruebe por usos y costumbres, y no así por referendo.
El presidente del TIM 1, Bernardo Muiba, anunció que, de no recibir una respuesta favorable a su demanda en los próximos días, la dirigencia indígena retornará al TIM 1 para organizar una marcha rumbo a La Paz, con las 26 comunidades del territorio.
La vigilia de los indígenas se instaló en demanda de que su estatuto autonómico, que ya tiene declaración de constitucionalidad por el  TCP, de 2017, sea aprobado a través de un encuentro de corregidores del TIM 1, tal y como ocurrió con el Jatun Ayllu Yura de Potosí, que el 20 de noviembre aprobó su estatuto a través de un gran cabildo. /ANF