La razón de la aceleración tiene también una justificación aparentemente noble: hacer coincidir el llamado a las ánforas con la elección subnacional del 7 de marzo y así ahorrar un buen montón de dinero público en otra votación. En plena crisis, la argumentación puede ser comprada incluso por el Tribunal Supremo Electoral, que tiene un calendario en marcha y solo consistiría en incluir una papeleta más, lo que eludiría la disposición de los cuatro meses mínimos para organizar una cita con las ánforas.

El problema con las prisas siempre es el mismo, peor en tiempos de desinformación campante en redes sociales. El riesgo de que los cambios que se intentan implementar no sean suficientemente socializados y compartidos alimentará la bola de la suspicacia por mucho que de lo que se trate sea de derogar una parte y dar manos libres a la Asamblea para llenar los vacíos con leyes.

Votar es siempre la mejor salida, pero ojalá las prisas no enturbien un proceso demasiado importante para el país ni se trate de mezclar con otros asuntos

Las iras se cargan contra la elección de los altos magistrados del Estado por voto popular: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Las dos experiencias han resultado fallidas porque los votos blancos y nulos han superado con mucho a los del juez que obtuvo más votación, pero también es cierto que se ha politizado la votación y se ha ejercido el voto por consigna.

El problema central no es tanto el voto popular, pues en otros países se realiza de la misma manera, sino más bien la forma de seleccionar a los candidatos, que se hace en la Asamblea – como en la inmensa mayoría de los países -, y donde evidentemente el partido que tiene mayorías holgadas, como en el caso del MAS en los últimos años, aplica su rodillo inclementemente.

El ministro Iván Lima apuntó directamente al Consejo de la Magistratura como responsable de que todo esté “podrido”. El órgano, básicamente, administra las designaciones de jueces “simples” en las diferentes vacancias y tiene poderes para mover, remover e imponer. Muchos audios filtrados han evidenciado cómo, con este poder, se han convertido en una suerte de administradores de procesos muy alejados a los canones de la Justicia y las Leyes.

¿Cambiando la Constitución se puede conseguir jueces y fiscales más probos? Probablemente no, pues el origen de los vicios está más atrás, anclado en un sistema educativo cada vez más atrofiado y de ética acomodaticia. Sea como sea que los jueces se elijan, habrá quien tenga intereses sobre ellos, y solo ellos son quienes deben apartarse de los problemas precisamente por el sentido de la Justicia.

Con todo, intentarlo parece una buena idea: algo hay que hacer más allá de renegar o castigar algunas conductas puntuales. Votar es siempre la mejor salida, pero ojalá las prisas no enturbien un proceso demasiado importante para el país ni se trate de mezclar con otros asuntos.