Fueron bien recibidas las declaraciones iniciales del nuevo ministro Lima que anunció “profundas reformas a la administración de justicia”, aunque todos los gobiernos anteriores y especialmente el de Evo Morales también lo hicieron, con declaraciones, eventos y “cumbres” fallidas y con el mismo resultado nulo. Es que otra de las carencias centenarias de nuestra “justicia” ha sido siempre la ausencia de una visión estatal estratégica que guíe la reforma judicial en el corto, mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos y de los ministros siempre transitorios. También es un acierto la “Comisión de Notables”, instalada los días anteriores, donde varios de sus miembros pueden hacer aportes importantes a la reforma judicial.

Pero no es muy coherente atribuirle todos los males al Consejo de la Magistratura; tampoco es consistente pensar que con la destitución de solo tres consejeros se está avanzando en la dirección correcta, o que la elección popular de jueces es lo único a reformar en la Constitución. Ya es erróneo afirmar que no se requiere mayor presupuesto para la justicia o que hay que eliminar el Consejo de la Magistratura; y parece precipitada la “decisión” de ir a una reforma inmediata de la Constitución el 7 de marzo junto a las elecciones subnacionales “para ahorrar recursos”. Lo que fue un buen inicio, podría otra vez ser una improvisación política de corto plazo, si no se articula un plan de mediano alcance, más allá de la premura de los primeros pasos.

No es aconsejable partir de cero. El problema irresuelto es de vieja data y el saldo negativo no invalida varios esfuerzos realizados. Es el caso de al menos tres momentos contemporáneos de intentos de reforma que se han producido en el país: en los años 70 de índole normativa, bajo el supuesto de que la solución estaba en nuevas leyes y que dieron vida a los Códigos Banzer; en los 9” de contenidos institucionales, bajo la premisa de que cambiando la estructura judicial se encontrarían las soluciones, lo que aparejó la creación del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura; y la de este nuevo siglo, condensada en una visión de reforma estatal-constitucional, de donde emergió la nueva Constitución del 2009, y donde el supuesto era de que un nuevo Estado, casi de manera automática, iba a producir una justicia nueva.  

Es probable que la evaluación no deba detenerse mucho en la renovación normativa de los 70, pero sigue siendo recurrente la idea que lo que se necesita son más leyes, en esta visión fetichista de que las leyes resuelven todos los problemas. Sin duda varias normas requieren ser cambiadas, pero necesitamos una nueva óptica de la reforma en sus contenidos normativos.

La reforma de la estructura judicial institucional y la nueva Constitución deberían tener más atención. La reforma de los 90, descalificada por “neoliberal, y vende patria”, fue, sin embargo, mantenida acríticamente en la nueva CPE de 2009, con resultados pobres y similares a los obtenidos antes. La formulación e implementación de un nuevo modelo de Estado Plurinacional, al cabo de 11 años, tampoco ha resuelto los problemas, ya que la visión autoritaria de los anteriores gobernantes degradó aún más a la justicia. El cambio de las instituciones y el cambio de los modelos estatales tampoco por si solos nos aproximan a las soluciones.

Parece que el ministro Lima ha decidido archivar los chapuceros intentos de “reforma” del gobierno de Morales, expresados en dos “cumbres” fallidas los años 2012 y 2016, en un “Plan Sectorial 2013-2025” del Ministerio de Justicia nunca implementado, y en unas denominadas “10 propuestas para la Revolución Judicial…” elaboradas apresuradamente por el Fiscal  el 2015; aunque el ministro Lima, hoy está repitiendo dos grandes errores de esos “documentos” que plantearon tanto la eliminación del Consejo de la Magistratura como el congelamiento del miserable presupuesto judicial.

Es fácil colegir de todo lo anterior que carecemos, desde siempre, de una Agenda Nacional para la Reforma Judicial. Al contrario, lo que tenemos son iniciativas desconexas, repetitivas, a veces tecnocráticas, carentes de visiones integrales e improvisadas al calor político. 

Esto y mucho más tenemos que desmenuzar y analizar para no empezar siempre de nuevo. Así como hasta los códigos de la dictadura banzerista significaron un avance en materia sustantiva civil y comercial, no se pueden echar al canasto, por razones “ideológicas”, las reformas institucionales de los 90 ni la reforma estatal-constitucional del presente siglo. Cómo recuperar, revalorizar y relanzar todo lo positivo de la experiencia nacional en materia de reforma, es parte del desafío y de la propuesta.

Está claro que el consenso inicial es que la falta de independencia e idoneidad  de los jueces, el mecanismo de su nombramiento, la retardación de justicia, la carencia de recursos y la corrupción, son los problemas más visibles y de abordaje inmediato, sin dejar de lado el acceso, la universalidad del servicio y las deficiencias normativas, institucionales y de contenido constitucional.

El periodo constitucional de los jueces “electos” el 2017 fenece recién en enero de 2023 y no son tolerables tres años más, dada la ilegitimidad y la ineficiencia de esos magistrados cuya sola continuidad es el primer obstáculo a salvar en el primer momento de reforma.     

Sí, es muy probable que se requiera reforma parcial de la Constitución vía  Referendo, pero precipitarlo para el 7 de marzo puede ser un salto al vacío parecido a todas las piruetas “judiciales” del gobierno de Morales, alejado de un verdadero debate nacional que va mucho más allá de los “notables”, porque la decisión debe estar en manos de una sociedad informada y donde no se mezcle la elección quinquenal de miles de concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores con la modificación del texto constitucional para el largo plazo.

Juan Del Granado Cosio es abogado, fue parlamentario y alcalde de La Paz.