Las democracias mueren desde dentro y de a poco, ya que la deriva autoritaria y el desmantelamiento gradual de la democracia se produce bajo una aparente legalidad (Levitsky y Ziblatt, 2018).

¿Cómo explicar el estallido social que decantó, por tercera vez en nuestra historia democrática 1 ,  en la renuncia forzada y/o anticipada de un jefe de Estado electo en el país? ¿Qué recursos jurídicos legales, contenidos simbólicos y elementos discursivos confluyeron para apuntalar el objetivo gubernamental de un “intento gradual de toma del poder (total)” que derivó en el conflicto postelectoral del 2019?

Para dar respuesta a estas interrogantes destaco la “ruta multimodal” desplegada por el núcleo de poder de Evo Morales para escamotear la voluntad popular.  Tras un estudio realizado en América Latina y otras regiones, Melis Gülboy L. (2019) concluyó que: “Los gobernantes elegidos democráticamente que intentan expandir sus poderes y mantenerse en el cargo son hoy la principal amenaza a la democracia…” y el mayor riesgo de quiebre del orden constitucional. 

Con esta premisa y una cadena de hechos verificables es imperativo desmontar la tesis de una conspiración deliberada que habría derrocado al expresidente Evo Morales. 

En la línea de los hallazgos del estudio de Gülboy, estaríamos aquí frente a un caso de fallida estrategia de toma del poder autocrático, al evidenciar una cadena de medidas fraudulentas desplegadas antes del conflicto postelectoral y la convulsión social que remató en la anulación de las elecciones del 2019. Conviene recordar algunas de estas medidas. 

El desconocimiento de los resultados del referéndum del 21F de 2016 como primer eslabón de la ruptura de una institución clave de democracia directa del Estado plurinacional. Al insistir  que no había perdido la guerra, el MAS no cejó hasta lograr la Sentencia del Tribunal Constitucional (SCP 0084/2017) que declaró la “aplicación preferente” del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dando luz verde a la cuarta reelección de Morales bajo el argumento de que “su postulación sería un derecho humano”; una maniobra jurídica agravada por la denuncia de fraude procesal, al demostrarse que la polémica sentencia ya había sido mencionada como antecedente en otra previa y, por tanto, oficializada dos meses antes de dictarse formalmente.  

Ya rumbo a las elecciones de 2019 se precipitaron hechos que ratificaron la percepción de que éstas no responderían a criterios de integridad, igualdad y transparencia electoral. La precipitada promulgación de una nueva ley de organizaciones políticas y  la convocatoria a elecciones primarias gatilló el inicio de una carrera electoral apresurada, maratónica y desigual con el propósito de legitimar al binomio inconstitucional. Lo hizo estableciendo condiciones rígidas, costosas y no competitivas dado que en ningún caso se presentó más de un binomio por organización o frente político.

A ello se sumaron la no incorporación de la segunda vuelta en la reglamentación y calendario electoral, como se hizo en la convocatoria del 2014; y el adelanto de la fecha de los comicios para garantizar el voto de los bolivianos en Argentina, donde se evidenció el mayor número de irregularidades en el proceso de conteo de votos, como para forzar “la primera vuelta”; y un largo etcétera que abonaron el terreno de la desconfianza en el Órgano Electoral.  

El día de elecciones, y ante la extrañeza de los observadores internacionales y una ciudadanía expectante, la súbita e inesperada suspensión del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) fue la chispa que encendió la pradera. Todo indicaba que la segunda vuelta era inevitable. Sin embargo, desde un primer momento el presidente Evo Morales hilvanó el discurso victimizante al referirse a la discriminación del voto rural e indígena, pese a que el propio TSE y otros estudios demostraron que el voto rural ya había sido contabilizado en el primer y único reporte del TREP. No fue casual que la wiphala y la “pollera” se convirtieran en símbolos depositarios de agravios episódicos e imaginarios que los masistas, de manera magnificada y generalizada, atribuían al racismo de sus adversarios políticos. 

Esta carga simbólica contrastaba con la imagen de la “Biblia” irrumpiendo en el escenario del conflicto de la mano del temerario dirigente cívico cruceño, bajo la consigna conservadora de su “retorno al Palacio de Gobierno”. Detrás del juego de símbolos y discurso victimizante subyacía el esfuerzo por atenuar las graves consecuencias de la estrategia prorroguista del MAS. 

 La manipulación dolosa de los resultados, confirmada por una auditoria de la OEA y  solicitada por el mismo Evo Morales y de la que aún desconfiaban sus adversarios, fue el último eslabón de una cadena de hechos fraudulentos que progresivamente violentaron el orden constitucional. 

Al límite, Morales admitió convocar a nuevas elecciones, prometió renovar el Órgano Electoral sin aclarar si declinaría su eventual candidatura. Demasiado tarde. El conflicto había escalado pasando de la demanda de segunda vuelta a la exigencia de nuevas elecciones y la renuncia del presidente. 

Es curioso, las primeras voces demandando la renuncia del presidente no vinieron de actores ni de políticos que participaron en las frustradas elecciones, sino de grupos más radicales de uno y otro extremo ideológico, para más tarde provenir de las organizaciones sociales pertenecientes a la estructura de sostén corporativo del MAS al evidenciarse el recrudecimiento de la violencia política y social.  La renuncia de Morales fue solicitada durante la mañana del 10 de noviembre de 2019 por la COB y la FSTMB, en voz de sus dirigentes Juan Carlos Guarachi y Orlando Gutiérrez, respectivamente.   

El 10 de noviembre, la sugerencia de renuncia de las FFAA se produjo luego de una serie de eventos críticos registrados entre el 9 y el 10 en la madrugada. Ocurrió pese a años de adoctrinamiento ideológico bajo la consigna guevarista “patria o muerte”, al entrenamiento militar a grupos de choque de organizaciones sociales afines al MAS y pese a la presión gubernamental de reprimir la revuelta popular sin que haya formalizado el decreto que autorizaría su intervención. 

La “sugerencia” ocurrió cuando se evidenció la presencia de grupos irregulares armados en la emboscada a la caravana de mineros por la democracia en Challapata, tras el bloqueo violento de vehículos en Vila Vila por parte de comunarios afines al MAS y las vejaciones sufridas por estudiantes y otros dirigentes opositores, y de un atentado a los gasoductos en el trópico cochabambino que se echó al olvido. 

No hay que olvidar estos eventos que desataron la respuesta revanchista y el ritual incendiario contra viviendas de autoridades del MAS en los departamentos de Oruro y Potosí –incluida aquella de la hermana de Morales– y sus renuncias en serie hasta rematar en la renuncia del binomio impugnado. 

Lo que debió decantar en la instalación de un gobierno de sucesión constitucional a la cabeza de la senadora Adriana Salvatierra (solución que fue consultada como una salida ante la renuncia de Morales) terminó en caos organizado y un vacío de poder aterrorizante que desembocó en  la juramentación de Jeanine Añez, como cabeza de un gobierno accidental constitucional (no de facto) pero lamentablemente fallido a consecuencia de no haber respetado los límites de un mandato de transición tan complejo.  

Estos hechos, sumados a otros que se manifestaron en la acción colaborativa de la mayoría aplastante del MAS en la Asamblea Legislativa, desvirtúan la narrativa del golpe. Lo evidente es que, en su intento de perpetuarse en el poder, el núcleo duro del MAS cruzó la línea roja provocando la polarización y la violencia cuyas heridas tomaran tiempo en cicatrizar, al persistir la retórica política para mantenerlas abiertas. 

Con la oficialización de la narrativa de “el golpe” opuesta a la del fraude, como único argumento, nos niegan el derecho a conocer la verdad -por ahora secuestrada- y a perfilar la ruta de una verdadera reconciliación.

1. En referencia al acortamiento del periodo de mandato constitucional de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), de la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y de su sucesor Carlos Mesa G (2005), resueltos ambos mediante recursos constitucionales. Con sus particularidades, la caída del Evo Morales, sería el tercer episodio de alteración de la continuidad de gestión presidencial legitimada por las urnas.

    * Versión resumida del ensayo publicado, en obra Crisis y cambio político. Octubre y noviembre 2019, la democracia en una encrucijada. CESU-UMSS/OXFAM 2020, Coord. Fernando Mayorga.