Desde la instauración de la división vertical del poder en diciembre de 2005, con la elección popular de prefectos, se estableció un nuevo mapa institucional del poder político que se confirmó y robusteció con la implementación del régimen de autonomías territoriales desde 2009. Por eso es preciso hablar de ciclo electoral, para evaluar de manera integral la distribución del poder. Es preciso recordar que el MAS obtuvo mayoría absoluta en tres elecciones presidenciales (2005, 2009, 2014), no obstante, en los comicios subnacionales de 2005, 2010 y 2015 no superó el 50% de la votación nacional y perdió en la mayoría de las capitales de departamento. Por ahora es una incógnita si se repetirá o no esa distribución de la votación en los comicios de marzo de 2021.

Un tema preocupante antes de las elecciones generales era la crisis de representación política y el riesgo de su agudización expresado en un mayor debilitamiento del lazo entre las organizaciones políticas y la sociedad o en un rechazo general a la mediación partidista. La aguda polarización política y social, la ruptura del orden constitucional mediante un golpe de Estado y la pésima gestión gubernamental de un gobierno carente de legitimidad sentaron las bases para que este riesgo sea una amenaza real. Sin embargo, la primera respuesta que disipó ese riesgo fue la masiva asistencia a las urnas con un 88% de participación ciudadana. Existía cierto temor de que no se repita el promedio de participación de las últimas dos décadas debido al contexto de la pandemia, cuyos efectos inhibitorios se demostraron en comicios realizados en varios países; sin embargo, el comportamiento positivo de la sociedad fue contundente. La segunda respuesta fue la concentración del 55% de los votos en la organización política vencedora, denotando la fortaleza del MAS como un partido con presencia nacional, arraigo social y respaldo popular. Una de las incógnitas del evento electoral de 2020 era el desempeño del MAS, considerando su grave derrota política en noviembre de 2019, la ausencia de su líder y el asedio represivo gubernamental durante 11 meses. La resiliencia del MAS y su capacidad organizativa y movilizadora reflejada en las urnas lo convierte en un factor decisivo para que no se haya agudizado la crisis de representación política.

La tercera respuesta fue la irrupción de Comunidad Ciudadana y Creemos, nuevas fuerzas políticas en la escena legislativa, cuyo derrotero dependerá de sus procesos de consolidación institucional y de su irradiación territorial. Ambos aspectos se definirán, precisamente, en las elecciones subnacionales. El campo opositor se ha modificado de manera notable puesto que los dos partidos con cierta consistencia organizativa —Unidad Nacional y Demócratas— ya no tienen presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional y solamente les queda disputar espacios en la política departamental y municipal para seguir teniendo vigencia. Esto implica que competirán contra Creemos y Comunidad Ciudadana, provocando una dispersión en el campo opositor que puede terminar debilitando a todos sus integrantes y favoreciendo al MAS. Es evidente que la crisis de representación política no puede ser resuelta si no se consolidan las fuerzas de oposición, sobre todo considerando la existencia de grupos rupturistas —aquellos que pidieron la anulación de las elecciones y una “junta militar” de gobierno y, también cuestionaron a los partidos— que pueden canalizar el descontento de ciertos sectores sociales urbanos hacia posturas anti-políticas, es decir, antidemocráticas.  En marzo será posible discernir acerca de este peligro para la democracia.