En la asamblea participaron 20 de las 29 comunidades convocadas que conforman el territorio. Para la aprobación, el Cacique General de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), Elmar Masai, consultó a cada una de las comisiones de seis representantes de las comunidades si estaban o no de acuerdo con la aprobación de la norma. Las 20 comisiones asintieron a la pregunta. 

"Lo que se viene ahora es exigir a las instancias correspondientes del Estado viabilizar el proceso para la transición al gobierno indígena", manifestó el Cacique General de la CICOL, en un comunicado. 

Lomerío demandó al Estado su autonomía indígena de base territorial en 2008, en ejercicio al derecho a la libre determinación con el respaldo jurídico de la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), norma internacional que fue ratificada por Bolivia en noviembre de 2007 a través de la Ley No. 3760. 

La nación Monkoxi de Lomerío se declaró en 2008 como el primer territorio indígena autónomo del país. A partir de esa fecha avanzaron en el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos por la normativa, entre ellos el certificado de ancestralidad y viabilidad gubernativa; asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció la conformación de su órgano deliberativo denominado Consejo Consultivo Autonómico (CCA).

En agosto de 2009 presentaron al presidente de Bolivia su primer proyecto de estatuto autonómico, el cual después tuvo que ser adecuado a los contenidos de la nueva Constitución Política del Estado y a los requerimientos técnicos y legales que dispuso la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.

Al momento, el Estatuto Autonómico cuenta con la declaración de constitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2018; sin embargo, continúan en la demanda para la aprobación del proyecto de Ley de Creación de Unidad Territorial que presentaron en febrero de este año a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como un requisito exigido en la norma para la constitución de su gobierno indígena. 

También solicitaron al TSE la supervisión de su asamblea para la aprobación de su estatuto, pero hasta la fecha no obtuvieron una respuesta fundamentada, por lo que decidieron llevarla adelante de acuerdo a la planificación que establecieron en la solicitud que presentaron a la institución electoral, mencionó Masai. 

"Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se manifieste y nos dé la información para seguir los trámites legales y asumir la transición al gobierno indígena", expresó la autoridad. 

Este viernes también se realizó un cabildo en San Antonio de Lomerío donde participaron representantes de sus cuatro cantones, dos de ellos rechazan la aprobación del estatuto autonómico y piden que este vaya a referéndum.

"El cantón Santa Rosa del Palmar y San Antonio de Lomerío, que tiene el 60% de la población votante, queremos que el estatuto autonómico vaya a referéndum", explicó a EL DEBER Juan Posiva, vocero de comunicación de los dos cantones. 

Asimismo, el alcalde de esta localidad, Ignacio Sorioco Surubi, dijo que existe la declaratoria de constitucionalidad del estatuto según el Art. 275 de la CPE y en el mismo estatuto constitucionalizado en su disposición final dice que se debe aprobar por referéndum. 

"Sin embargo dirigentes de la organización Cicol quieren desconocer la declaratoria de constitución que establece la realización del referéndum y ahora quieren aprobarlo por procedimientos propios, no tiene sustento legal", expresó.