El libro Inclusión Social en Bolivia: Avances y Desafíos (2006-2014), coordinado por Verónica Paz Arauco, señala que en dicho periodo la economía del país creció a un ritmo del 5% anual, la diferencia en el ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo en más de 100 veces, y la pobreza extrema disminuyó en más de 20 puntos porcentuales. Ciertamente el modelo económico del MAS-IPSP —caracterizado por la propiedad soberana sobre los recursos naturales, la distribución social de la riqueza y la intervención activa del Estado en la localización de recursos— ha demostrado ser efectivo. No obstante, queda mucho por recorrer. Estudios recientes demuestran que los logros alcanzados carecen de profundidad suficiente y sostenibilidad en el tiempo.

En una investigación cuyo título puede ser traducido como Desigualdades persistentes en tiempos de bonanza: analizando variaciones en los servicios públicos locales (2001-2012), el politólogo Marco Just Quiles da cuenta de las profundas diferencias inter regionales en Bolivia en cuanto a disponibilidad de bienes y servicios, mediante la aplicación del Índice de Densidad Estatal, desarrollado para medir la presencia del Estado a lo largo del territorio mediante los siguientes servicios públicos: salud, educación, identificación personal, agua potable y electricidad.

Los resultados, poco halagadores, demuestran que, a pesar de las reformas emprendidas durante el gobierno del MAS, poco ha reducido la desigualdad entre municipios en cuanto al acceso a servicios y bienes públicos, debido más a factores estructurales como historia, geografía y demografía, que a razones institucionales y políticas. Así, un boliviano nacido en una ciudad capital de departamento tiene mayor acceso a ciertos servicios que uno proveniente de Charaña, Puerto Rico, San Ramón o Magdalena. En Bolivia, influye mucho sobre el curso de una vida haber nacido en un lugar y no en otro.

En regiones alejadas de los centros políticos y económicos del país, como por ejemplo Pando o Beni, grupos reducidos de familias controlaban hasta hace poco (quien sabe si todavía) la asignación de recursos y oportunidades, generalmente bajo la autoridad de hombres fuertes o caciques locales. Me viene a la mente Leopoldo Fernández, cuya élite regional fue desplazada en septiembre de 2008 después de un intento de golpe de Estado, una masacre y un Estado de Sitio.

La descentralización municipal como proyecto político debió haber contribuido a superar estos problemas, y aunque muchos de sus efectos fueron positivos, es innegable que la Ley de Participación Popular de 1994 no solo democratizó elecciones y presupuestos desde el centro hacia las secciones de provincia, sino también prácticas informales como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, dando paso a la emergencia de cientos de reyes chiquitos que confundían sus jurisdicciones con haciendas desde las cuales aspirar a otros espacios de poder.

Esta reflexión es importante debido a que en los últimos días la atención de la opinión pública se ha concentrado en los posibles candidatos para las venideras elecciones subnacionales, en las cuales se debe combatir justamente esta lógica todavía imperante de discrecionalidad para los reyes en miniatura. Una forma de hacerlo es reformar la transferencia de recursos fiscales desde los gobiernos subnacionales hacia los propios servicios, tal como propuso Iván Finot hace ya algunos años en la presentación de su texto Pacto Fiscal: cómo conciliar equidad con eficiencia.

Carlos Moldiz es politólogo