El ministro de Justicia, Ivan Lima, parece haber tomado en serio el colapso judicial, y ha comenzado a lanzar algunas propuestas de cómo resolver la crisis judicial. Comunidad Ciudadana comparte la propuesta, aunque con una metodología diferente. Mientras el Ministro de Justicia propone referéndum el 7 de marzo, junto a las elecciones para gobernadores y alcaldes, Comunidad Ciudadana planteó la conformación de un grupo de asesoramiento para la redacción de una pregunta que sería llevada igualmente a un referéndum.  En cualquier caso, la reforma judicial exige una reforma constitucional, y aquí hay que avanzar con mucho cuidado.

Que el gobierno y Comunidad Ciudadana coincidan en el objetivo de reformar la Constitución para resolver (o buscar resolver) la crisis judicial, allana el complejo procedimiento de reforma que demanda la insostenible crisis judicial. La reforma constitucional debe cambiar el sistema de la designación de las principales autoridades judiciales, permitiendo que la Asamblea Legislativa designe a los candidatos por dos tercios de votos de los parlamentarios presentes, previa calificación de méritos y  un sistema de audiencias públicas que permita conocer y acreditar los méritos de los candidatos. La designación, previa invitación, a una suerte de “notables”, como en algún momento se hizo con la ex Corte Nacional Electoral, puede ser una buena fórmula para atemperar la falta de credibilidad. 

Hay que advertir, no obstante, que la solución no pasa sólo por cambiar a las principales autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más serio y complejo de lo que aparenta. En realidad hay que cambiar no sólo el sistema de designación de las principales autoridades judiciales, e imponer en todos los niveles la meritocracia, sino fundamentalmente hay que fortalecer al Órgano Judicial en su conjunto. Y este fortalecimiento pasa por reconocer los cargos vitalicios, imponer exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces. Se necesita institucionalizar la carrera judicial, para terminar con los jueces a carrera.

Lo más urgente es, sin embargo, restituirles su independencia e imparcialidad a los jueces, porque un sistema judicial sin estas garantías básicas, no sólo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, y permite que se imponga la ley de la selva, sino también pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. De hecho la seguridad jurídica y ciudadana, dependen del fortalecimiento institucional.

El fortalecimiento institucional pasa también por la asignación de una partida fija al órgano judicial, que en ningún caso debe estar por debajo del 3% del total del presupuesto general, pues sin recursos económicos suficientes muy poco se podrá cambiar. Nadie en su sano juicio puede entender el sistemático decrecimiento de los recursos económicos judiciales de los últimos 15 años, que bordea apenas el 0.50% del presupuesto general del Estado. 

Con la finalidad de devolverle la confianza a la ciudadanía se tiene que mostrar resultados concretos; es decir, revertir la retardación de justicia, introducir tecnología de punta, y ampliar la cobertura judicial, implementar los jueces de paz, dependientes de los gobiernos municipales así como los jueces itinerantes a lo largo y ancho del territorio nacional. De la misma forma, se necesitan reformas legales que permitan, por un lado, la oralidad en todos los procesos judiciales y, por otro, promover los métodos alternativos de resolución de controversias, que permitan descomprimir el sistema judicial en todo sentido.   

En resumidas cuentas, autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.

El cambio tiene que ser sistémico e integral, que comprenda aspectos políticos, económicos  e institucionales y, en esta cruzada, tiene que comprometerse a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto.

William Herrera Áñez es jurista y autor de varios libros.