El oficialismo, además de medios afines e intelectuales proclives, realiza  una activa  campaña para asentar la idea de que lo que sucedió en noviembre del año pasado fue un golpe de Estado. Se trata de borrar de los anales toda presunción de irregularidades en las elecciones y, sobre todo, toda legitimidad en la protesta ciudadana que precedió a la renuncia de Evo Morales.

Como Morales no solicitó a las fuerzas del orden sino a sus propias agrupaciones sociales y militantes que defiendan a su gobierno, se pretende que la responsabilidad de las confrontaciones que se dieron en aquellos días y que cobraron la vida de más de 20 personas e hirieron a casi un centenar,  recaiga sobre policías y militares, y hasta que una investigación seria e independiente establezca los detalles de esos luctuosos acontecimientos, la verdad es aún difícil de ser determinada.

Pero, mientras esto sucede, no se analiza, por ejemplo, la responsabilidad el propio exmandatario en esos hechos de violencia, aunque haya sido él quien llamó públicamente a sus organizaciones a apoyarlo y “resistir”; cuando instruyó -como lo han dicho sus propios allegados- a quienes estaban en la línea sucesoria a renunciar  y crear un vacío de poder, y cuando fue él mismo quien renunció y luego buscó refugio fuera del país para protegerse a sí mismo.

Sin embargo, lo que sí está viento en popa son las acusaciones a quienes tuvieron participación en los hechos. Ahora el oficialismo ha iniciado la parte legal de la estrategia, es decir acusar a militares y policías, además de dirigentes políticos, de ser responsables de ese “golpe de Estado”. Primero fue acusado el general Alberto Cuéllar, excomandante de Cochabamba, imputado por las muertes ocurridas en Sacaba; actualmente está bajo detención domiciliaria. Luego, Lidia Patty,  exdiputada del MAS,  presentó una denuncia contra los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón, por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración.

Curiosamente, Kaliman y Calderón fueron alfiles del gobierno de Morales y, en los sucesos de 2019, hicieron todo lo posible por apoyar a ese régimen, pero fueron superados por las circunstancias. Kaliman, presionado por sus camaradas de armas, al final aceptó que las FFAA “sugirieran” a Morales a que presentara su renuncia. Por suerte los militares tomaron ese camino y no reprimieron al pueblo movilizado (aunque la represión vino, trágicamente, días después, contra los simpatizantes del MAS). También han sido acusados el excandidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho, por los mismos hechos.

A ello se añade ahora que, hace unos días, a denuncia del exministro de Gobierno , Carlos Romero, se anunció que el excomandante general de la Policía  Vladimir Yuri Calderón, su Estado Mayor y varios directores nacionales y comandantes departamentales serán procesados por la Fiscalía Policial por el motín de noviembre de 2019. 

“Antes de amotinarse formalmente, brindaron protección a esos políticos disfrazados como cívicos, a  (Fernando) Camacho le asignan 200 policías vestidos de civil para su protección y otros 200 para la protección de (Marco) Pumari. (…) Fueron varias acciones conspirativas, golpistas de la Policía”, dijo Carlos Romero.

Es curioso, pues se sabe que quienes guardaron fidelidad hasta las últimas consecuencias al gobierno de Morales y al propio Romero, fueron precisamente estos jefes policiales que ahora serán procesados.

Esto, por supuesto, implica un riesgo de conflictos dentro, tanto de las FFAA como de  la Policía. Oficiales de ambas fuerzas han expresado su malestar y los policías advirtieron que “no prendan fuego”.

En todo caso, todo esto es parte de la persecución judicial que ya se ha desatado para instalar una versión de los hechos que se ajuste a los objetivos del MAS en cada detalle.