Página Siete  / La Paz 

Las dos elecciones judiciales que se realizaron en Bolivia costaron más de 200 millones de bolivianos. No obstante, fueron procesos electorales en los que los votos nulos y blancos superaron la barrera del 50%. 

Los comicios para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y máximas autoridades del  Consejo de la Magistratura fueron introducidos en la Constitución Política del Estado (CPE),  puesta en vigencia en 2009.  

Las elecciones judiciales de 2011 tuvieron un presupuesto de 85,1 millones de bolivianos. Esos comicios fueron los primeros de ese tipo que se convocaron en la historia democrática del país. 

Para esas elecciones fueron preseleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional 118 postulantes y estuvieron habilitados 5.243.375 electores y electoras. 

Se contabilizaron 1.768.576 votos válidos (42,34%), 629.469 votos blancos (15,07%) y 1.779.425 nulos (42,60%). 

Las judiciales de 2017

Las elecciones judiciales de 2017 tuvieron un presupuesto de 125 millones de bolivianos. Para esos comicios fueron preseleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional 96 postulantes. Más de 6,4 millones de electores fueron habilitados para votar.  

El voto válido llegó al 34,12%, el voto nulo alcanzó el 50,93% y el voto blanco fue de 14,93%.

En la campaña electoral, el presidente Luis Arce manifestó que fue un error elegir a las máximas autoridades judiciales por voto popular. “Fue un error, un error. No funcionaron”, declaró entonces a un canal televisivo.

En esa entrevista, Arce sostuvo que  “volveremos a la meritocracia”, pero no a la meritocracia de los gobiernos previos a la llegada del MAS al poder. 

Ayer, el ministro de Justicia Iván Lima inauguró la primera cita de los nueve juristas notables que asesoran al Ministerio de Justicia para la reforma judicial. 

En una entrevista anterior con Página Siete, el ministro Lima manifestó que  para cambiar   la elección de magistrados por votación se requiere una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.  

 “Sí,  necesitamos reforma constitucional para la elección de voto popular, que es un compromiso del presidente Arce, ratificado por Fernando Camacho y Carlos Mesa. Las tres fuerzas políticas han planteado que se necesita cambiar y evaluar la elección de magistrados por voto popular. En ese caso hay que hacer un análisis de dos vías: reformar parcialmente la Constitución;  ello implica  que la Asamblea debe votar por dos tercios y aprobar una ley, va al control del TCP y se va a un referendo. La otra es una Asamblea Constituyente, no veo que sea posible por  la coyuntura”, dijo.