Mesa se prestó a declarar en la comisión opositora, luego de que la presidenta de la Comisión Mixta que investiga el mismo caso, Susana Rivero, expresó sus sospechas sobre el exmandatario en la contratación de la empresa brasileña Camargo Correa para la carretera Roboré-El Carmen y anunció que se le rastreará sus cuentas.

En su declaración, el expresidente negó haber recibido dinero ilícito. “Yo Carlos Diego de Mesa Gisbert como presidente de Bolivia en el período 2003 2005 puedo afirmar categóricamente que no estuve vinculado directa ni indirectamente, ni recibí absolutamente un centavo ni de esta ni de ninguna otra operación que hubiera llevado adelante el Estado boliviano en función del desarrollo infraestructura, etcétera”.

El expresidente acotó que tiene plena confianza en sus más estrechos colaboradores, a quienes designó como ministros, pero aclaró que no puede hacer los mismos por los 150 mil a 180 mil funcionarios que trabajan en el Gobierno.

Calificó de inaceptable e indignante que Susana Rivero haya vinculado a su exministro José Galindo con sobornos. La acusó de falsear una fecha, puesto que la coima en cuestión sería de 2008, pero la oficialista la mencionó como si fuera de 2004.

Mesa también observó que en el caso Quiborax, en el cual la Procuraduría lo culpa porque se perdió un litigio de 48 millones de dólares, la justicia haya actuado con una celeridad que no es común. 

Recordó que el procurador Pablo Menacho anunció la denuncia en su contra el 22 de mayo, y cuatro días después el Tribunal Supremo de Justicia informó que ya recibió el proceso de parte de la Fiscalía. Pidió ayuda para investigar  si hubo “algún caso en el que se haya actuado con la celeridad del rayo en un sistema judicial más lento que una tortuga”.

Al salir de su comparecencia, un grupo de personas le corearon: “Mesa presidente”. El exmandatario saludó a los presentes que le dieron su apoyo y se subió a su vehículo.

Consultado sobre la preferencia electoral que tiene en diferentes sondeos, Mesa agradeció a la ciudadanía que lo ve como una opción política, sin embargo, afirmó que ya dio su palabra.

Señaló que el Gobierno lo ve como un “enemigo político”, por lo que emprende una campaña de demolición de su imagen personal con las acusaciones.

Solicitó en tono irónico convencer al Gobierno que no es su rival político, no obstante, aclaró que podría serlo porque es su derecho democrático el de ser candidato. 

“Aquí ya estamos llegando a un punto en que parece un delito el que uno quiera ser candidato. Y la judicialización de la política se ha convertido en la norma que el gobierno utiliza para anular a quienes considera, porque su subjetividad así lo plantea, que son posibles adversarios en una candidatura presidencial ilegal del presidente Morales”, agregó.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Erbol