El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, Edgar Salazar, señaló que la Policía no debería sentirse “perseguida” por el proceso penal que se les sigue el Ministerio Público y la Fiscalía Policial porque hay imágenes, según él, de cómo algunos uniformados recibieron dinero, durante el amotinamiento de 2019.

“La Policía debería contribuir (informando) quiénes han sido los verdaderos actores de manera interna, quiénes han recibido el financiamiento, porque creemos de que con seguridad, no a todos los policías, les ha debido llegar algún tipo de financiamiento”, explicó Salazar.

Más adelante ratificó que “la Policía ha sido la que se ha amotinado en primera instancia contra el estado democrático constitucional de derecho”, y que de ahora en adelante el Ministerio Público deberá “demostrar si es que hubo un financiamiento externo”.

El miércoles se conoció que a denuncia del exministro de Gobierno  Carlos Romero, el excomandante general de la Policía Vladimir Yuri Calderón, su Estado Mayor y varios directores nacionales y comandantes departamentales serán procesados, en ese caso, por la Fiscalía Policial por el motín de noviembre de 2019.  

“Creemos que el Ministerio Público debe pedir (reportes) a los bancos a dónde se han destinado esos recursos económicos porque nosotros hemos constatado también que en la ciudad de Sucre se ha repartido dinero para las movilizaciones de octubre de 2019”, precisó la autoridad.

Insistido Salazar sobre si tiene pruebas de sus afirmaciones se limitó a indicar. “Será el Ministerio Público que a través de la revisión (que deberá probar aquellmo) hemos visto nosotros que se ha repartido dinero y existen imágenes de que se han repartido dinero en las movilizaciones”, dijo a radio Fides en Sucre.