Los bloqueadores argumentan que el proceso autonómico tiene como base un certificado de ancestralidad otorgado por el Gobierno, el cual expresa que el pueblo guaraní vive en toda la jurisdicción de Gutiérrez, cuando ellos solo habitan en Tierras Indígenas Originarias Campesinas (TIOC) y no así en la zona urbana y comunidades campesinas no indígenas.

"De 420.000 hectáreas que tiene el municipio de Gutiérrez, las capitanías guaraníes solo ocupan el 30%, mientras el resto es habitado por pueblos urbanos, comunidades campesinas y predios privados", reza el reclamo de los manifestantes.

En este sentido, demandan la permanencia de vivir y desarrollar sus actividades como municipio, como ha ocurrido en 184 años de vida de Gutiérrez y así es como se identifican en el aspecto cultural. Piden al Gobierno que pueda frenar el trámite de aprobación de estatutos autonómicos, ya que también se detectan principios de ilegalidad.

Del mismo modo, piden al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa generar acciones para ser incluidos en la convocatoria a elecciones subnacionales mientras el estatuto autonómico no entren en vigencia, al que consideran ilegal.

Sin embargo, el pueblo Guaraní tiene pleno respaldo del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entregó en la pasada gestión la Declaración Constitucional 0062/2019 de su Estatuto Autonómico, para su respectiva revisión.

Los pueblos indígenas guaraníes de las capitanías de Kaaguasu, Gran Kaipependi Karovaicho y centros urbanos de Gutiérrez e Ipita decidieron acceder a la autonomía indígena por la vía de conversión municipal a través del referendo realizado el 20 de noviembre de 2016. Vale recordar que ganó el Sí con el 63% de los votos.