Desde que Bolivia recuperó la democracia en 1982, hasta hoy, uno de los mayores desafíos ha sido la reforma del sistema justicia y en los últimos 26 años se llevaron a cabo casi media docena de procesos que apuntaban a ese fin.

El anterior, aplicado hace cinco años, arrancó con una “Cumbre Judicial” cuyos resultados fueron mucho menores que los propósitos y expectativas con las que fue convocada.

El tema de la reforma del sistema judicial es sumamente complejo pues las causas que imponen la necesidad de esa reestructuración, además de ser variadas, no tienen origen reciente sino muy antigua data.

En efecto, temas tales como el de la retardación de justicia, la corrupción de los juzgadores, el sometimiento de ellos al poder político, el exiguo suministro de recursos económicos para el desenvolvimiento del ramo judicial, las sentencias erróneas por defectuosa valoración de pruebas, la impreparación e improvisación de funcionarios,  y la defectuosa distribución judicial del territorio nacional, son parte de nuestra realidad histórica desde 1825, fecha desde la cual han sido muchas las reformas aplicadas y las tentativas o propuestas.

El proceso actual parece estar marcado por cierta urgencia, determinada, en principio, por la versatilidad de los jueces y fiscales, que acomodan sus decisiones de acuerdo a las presiones políticas –“su camiseta (pasa) de azul a verde y luego nuevamente azul”– como lo dijo el propio Ministro de Justicia, impulsor de esta iniciativa de reformas.

Las acefalías en 151 juzgados acentuaron esa urgencia y el Ministro de Justicia pidió a los responsables de la demora en esas designaciones “que den un paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar una reforma judicial”.

Cinco proyectos de ley tiene listos el Ministro para iniciar su reforma. Y una Comisión de Asesoramiento “conformada por 10 abogados del más alto perfil académico y con amplia visión política” y de tendencias variadas.

Ellos inician hoy una tarea vasta y trascendental cuya ejecución tendría que estar separada de las prisas coyunturales y que seguramente tropezará con múltiples escollos, para comenzar, los cuestionamientos a su selección y la resistencia de funcionarios judiciales de todos los niveles.

Pero es posible esperar que el empeño puesto por el Ministro en esta reforma encuentre el apoyo necesario de todas las instancias del Estado, de los colegios de abogados y otras entidades vinculadas a la administración de justicia, para lograr cambiarla realmente y hacerla confiable, eficiente, digna y de verdad justa.