Vargas destacó que la primer autonomía indígena, Charagua Iyambae, terminó el 2017 con una ejecución presupuestaria de 92% que la pone por encima de otros municipios, y que además Uru Chipaya y Raqaypampa ya están en el ejercicio de su gestión pública.

Sin embargo, observó dificultades de tipo administrativo para las recientemente creadas autonomías indígenas, toda vez que las normas, procedimientos y nomenclaturas todavía mantienen “una cerrada visión municipalista”.

Con anterioridad, la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originaria Campesinas (Conaioc) advirtió que las leyes vigentes de control administrativo se constituyen en una traba para el desarrollo de sus gobiernos indígenas, por lo que solicitó diseñar una nueva normativa acorde.

El Viceministro aseveró que ya se están adecuando las normativas a las características de los pueblos indígenas. Señaló por ejemplo que las normas relacionadas a la Ley SAFCO (Administración y Control estatal) se deben regular en el marco de la organización comunitaria que es distinta a la municipal.

“Muchas normas tienen que adquirir el carácter intercultural, si bien no cambiar completamente, adecuarse a las características de los pueblos indígenas”, recalcó.

Vargas agregó que para fin de año seis territorios indígenas irían a referendo: tres para aprobar sus estatutos y otras tres con la finalidad de acceder a la autonomía.