El caso “Computadoras” que involucra al exalcalde de Yacuiba Carlos Brú, hoy socio prominente y personalísimo del presidente del Gobierno Evo Morales Ayma, ha evidenciado un supuesto sistema de corrupción que sin embargo no quiere ser apreciado por el Ministerio Público. Lo más llamativo del caso es que, en esencia, es idéntico al que le ha costado el cargo al alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, pero nadie parece inmutarse.

Recordemos que el entonces alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, decidió en 2012 sacarse de la manga un programa educativo de alto impacto: dotar a cada alumno yacuibeño de una computadora portátil. Para entonces los recursos llegaban a manos llenas a la provincia del Gran Chaco merced a la Ley 3038 que establece que el 45 por ciento de la renta de toda la producción fiscalizada del departamento iba a esa provincia y a los reglamentos posteriores que reglamentan y obligan la forma en que los recursos deben llegar también a los Gobiernos Municipales para trabajar en las áreas señaladas. Educación es una de ellas.

El programa se dispuso a comprar 15.000 computadoras a razón de 390 dólares por equipo y colgó la licitación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Es bueno tener bien claro en este punto que las autoridades que convocan un concurso público para adjudicar una obra o adquirir un bien tienen la responsabilidad última de cuidar los recursos del Estado. El precio referencial no es un asunto baladí, ni una lotería, ni un número al azar, sino que debe estar respaldado técnicamente, garantizando que es factible.

Obviamente, las empresas que se presentan a la licitación tienen que ganar, deben obtener beneficio con el negocio. Es legítimo y es la forma en la que funciona el mundo en estos momentos. Es sistema capitalista mondo y lirondo. Pero muy diferente es que lo estimado por la autoridad sea 390 dólares y sin embargo pueda obtenerse por 120 dólares. Alguien no ha hecho bien su trabajo o alguien ha intentado pasarse de listo.

La operación del alcalde Leyes arrojaba casi un millón de dólares de estimación desviada, la operación del alcalde Brú más de cuatro, sin embargo hasta la fecha el Ministerio Público no considera que haya material punible alguno.

El Ministerio Público es parte del órgano ejecutivo y su dependencia no está en cuestión. El hecho de que en asuntos semejantes y con antecedentes tan cercanos y notorios, como el caso Leyes o el caso Bazán en Oruro, se apliquen criterios tan diferentes no le hace ningún favor al Gobierno de Evo Morales. Silenciar el caso no ayudará en Yacuiba ni en Tarija, objetivo fundamental del oficialismo que cada vez cuenta con menos probabilidades de éxito, a pesar de las condiciones.