Al menos tres constitucionalistas consideran que la reforma judicial, anunciada por el Gobierno con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), debe recortar el mandato de los magistrados, quienes culminarán su gestión en diciembre de 2023, y eliminar la elección de magistrados por voto popular, “porque no dio resultados” y ahondó la crisis judicial.
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Constitucionalistas señalan que “no se puede hacer una reestructuración de la justicia” con actores “contaminados” políticamente. Proponen desconcentrar a las regiones la designación de jueces y fiscales.
El Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Sucre. Foto:Correodel Sur
Al menos tres constitucionalistas consideran que la reforma judicial, anunciada por el Gobierno con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), debe recortar el mandato de los magistrados, quienes culminarán su gestión en diciembre de 2023, y eliminar la elección de magistrados por voto popular, “porque no dio resultados” y ahondó la crisis judicial.
“¿Se va hacer la reforma judicial con los actuales magistrados o se va hacer una reestructuración del Poder Judicial?”, cuestionó el cruceño y constitucionalista José Luis Santistevan. “Es un primer elemento que urge analizar”, afirmó. Aseguró que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, elegidos en diciembre de 2017, “no tienen legitimidad” porque fueron elegidos con el 13% de los votos.
Santistevan dijo que “no se puede hacer una reestructuración de la justicia con la misma gente si el problema es la contaminación política, muchos magistrados eran dirigentes del MAS, yo los conozco”.
El actual consejero de la Magistradura Gonzalo Alcón antes de su elección en el cargo fue posesionado por Evo Morales como comandante de la Armada en 2014. “El fiscal (general del Estado Juan) Lanchipa no va a ser imparcial, ha sido empleado (director del Diremar) de Evo Morales”, dijo.
El experto recordó que se puede aplicar el recorte de mandato a los magistrados electos porque hay un precedente jurídico. El gobierno de Evo Morales, que debió concluir su primer mandato en enero de 2011, acortó un año con el argumento de implementar la nueva CPE.
Para el también constitucionalista Carlos Börth no es posible hacer una reforma judicial con los actores “contaminados” políticamente. “No conozco un caso de reforma judicial que la hayan dirigido los operadores de justicia, en ningún país”, afirmó el jurista y lanzó un cuestionamiento: “¿Cómo se consigue que estos actores, cuyos intereses están en juego, se desprendan de sus intereses y aporten en función de una mejor justicia?”.
Börth vaticinó que la tarea emprendida por el ministro de Justicia, Iván Lima, de reformar la justicia no será fácil. “No es un tema sencillo, no sé lo que quiere hacer el ministro, probablemente solo quiere mostrar que tiene ganas y deseo de hacer, se va estrellar contra el muro político de su propio gobierno”, añadió.
El abogado Luis Vásquez afirmó que “un juez no se debe a un elector, se debe a la ley” y los actuales magistrados “al hacer campaña (política) para ser elegidos (en 2017) perdieron su independencia” y probidad.
Börth afirmó que no es novedad que la elección de magistrados por voto popular “no dio resultados” y afirmó que no tiene dudas en que se pueda “quitar” de la CPE, pero el Gobierno debe explicar las razones. “¿El método es malo? ¿El gobierno de Evo Morales y la mayoría parlamentaria (MAS) desvirtuó el método? O, ¿por qué la mayoría masista designó y habilitó para las elecciones (judiciales) a profesionales sin perfil, solo por razones políticas y distribución interna de cuotas de poder?”.
El ministro Lima anunció que uno de los temas para la discusión es la elección de magistrados por voto popular. “¿Quieren eliminar el método? ¿Cuáles fueron las causas y con qué método lo van a reemplazar?”, cuestionó Börth y aseguró que “cualquier reforma, no solo en la justicia, que el Estado emprenda debe consultar con los actores porque son los que saben y operan” y dijo que al final “las decisiones son políticas, no son (puramente) decisiones técnicas”.
Santistevan propuso introducir en la reforma judicial y reforma parcial de la CPE la descentralización de la designación de magistrados, además de jueces y vocales, para los tribunales departamentales de justicia y fiscales. Para ello sugirió recoger la experiencia de la CPE de 1871.
“La descentralización implica que las asambleas departamentales, con participación de la academia (universidades y colegios de abogados), eleven ternas para elegir vocales miembros de los tribunales departamentales de justicia”, afirmó y aseguró que esto es una muestra de “participación de la sociedad civil”.
Santistevan afirmó que tienen que “ser los mejores hombres de cada departamento” y aseguró que si estas instancias se equivocan no será responsabilidad política, sino de las entidades representativas en cada región.
El jurista Vásquez sostuvo que “si quieren cambiar la justicia hay que cambiar la Constitución y establecer un sistema de elección que permita garantizar la independencia de los magistrados y evaluación meritocrática” de los jueces y fiscales. Recordó que en la actualidad “el daño empezó arriba (magistrados) y luego se transmitió abajo (jueces y fiscales)” en las regiones.
Reforma judicial
Consejo El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el jueves (3) empezará a trabajar un grupo asesor, integrado por 10 académicos, los que propondrán una reforma judicial y cambio parcial de la CPE.
Juicio El Ministerio de Justicia solicitó al Legislativo juicio de responsabilidades a tres consejeros de la Magistratura. Los acusados de incumplimiento de deberes dicen que no renunciarán a sus cargos.
Temas Plantean discutir: elección de jueces por voto popular, “blindaje” de la independencia judicial en la CPE y ajustes en tribunales Agroambiental y Supremo de Justicia.
