Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 01 de diciembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La justicia es una de las tareas pendientes que debe abordar y solucionar el gobierno del presiente Luis Arce Catacora. Precisamente para buscar una salida a la crisis, el gobierno prevé realizar un referendo constitucional para reformarla. Ya se dieron los primeros pasos y se conformó un Consejo Preconstituyente que estará conformado por 10 destacados juristas y constitucionalistas del país. El grupo consultivo está a la cabeza del expresidente de Bolivia y expresidente de la exCorte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.
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Los bolivianos tendrán que definir con su voto si están de acuerdo en abrir la Constitución para “transformar” la justicia o no.
Es seguro que todos de una u otra forma han sido víctimas de una mala administración de la justicia, por lo que es una de las más señaladas y cuestionadas por los ciudadanos, quienes no confían en los fiscales y jueces.
Un indicador de lo mal que anda la justicia es que se estima que existen al menos 300.000 casos que están en proceso y aún no tienen solución.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha señalado que la Carta Magna sería abierta solo para hacer reformas judiciales; con lo que despeja cualquier tipo de duda o susceptibilidad de los adversarios políticos al actual gobierno.
También ha dicho que, considerando la crisis económica que vive el país, la consulta popular podría hacerse el 7 de marzo, cuando más de siete millones de bolivianos volverán a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales, situación que es factible legal y económicamente.
Agilizar los plazos y ahorrar recursos económicos es muy beneficioso para el país, por lo que el planteamiento del Ministro es coherente, aunque aún falta reconfirmar la fecha señalada por la autoridad.
Lima identificó tres temas que deben ser considerados en la reforma judicial: garantizar que las autoridades judiciales sean electas de forma transparente, evaluadas permanentemente y reciban capacitación de excelencia; eliminar la burocracia y la deficiencia en la administración de causas; y suprimir el Consejo de la Magistratura, que se convirtió en una “planta burocrática”.
Se prevé que entre el 3 y el 13 de diciembre el Consejo discuta esos temas y haga propuestas que deben ser consideradas por la Asamblea Legislativa antes de su receso por fin de año.
Esperemos que el gobierno escuche y considere a todos los sectores vinculados a la justicia para que la propuesta de cambios sea participativa y nadie se sienta relegado y que, de alguna manera, se apropien de esos cambios.
Se tiene que garantizar el acceso a la justicia para todos y todas y no solo para quienes pueden “pagar” por ella.
