En el acto de presentación, el expresidente Carlos Mesa afirmó que Comunidad Ciudadana cree que “la modificación del sistema judicial es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, puesto que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que esta permeado por la corrupción y la ineficiencia”. 

Asimismo, aclaró que, con esta propuesta, CC pretende construir y agregar una propuesta que no sea confrontacional, sino viable. “Planteamos un conjunto de reformas que son viables y que pueden servir de base para llevar adelante este proceso de transformación de la justicia”, señaló.

Por su parte, Carlos Alarcón, a tiempo de explicar en detalle los alcances de la propuesta, dijo que “la paz social y el reencuentro entre los bolivianos dependen de una transformación radical del sistema de justicia, que nos permita contar con jueces y fiscales verdaderamente independientes del poder político, imparciales en las causas que conocen y con trayectorias de excelencia personal y profesional”.

En su propuesta, CC plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Notables conformado por representantes de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos. Su organización y funcionamiento las definiría la Comisión Mixta de Constitución y deberá respetarse la equidad de género.

Este Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado y Fiscales Departamentales, y presentar una terna a la ALP para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados.

La lista de seleccionados se remitiría a la ALP que designaría a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y, la ciudadanía, mediante referendo aprobaría o rechazaría en dos planchas, la de jueces y la de fiscales, estas designaciones.

La reforma planteada por Alarcón es parcial y específica, y modificaría los Artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la Carta Magna y no requeriría de una Asamblea Constituyente, sino de un referéndum aprobatorio. 

“El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”, aclaró el constitucionalista.

La Alianza de oposición propone además incluir en el Art. 162 de la CPE, un párrafo que especifique que se requerirán dos tercios de votos los legisladores presentes en la respectiva Cámara, en los 11 temas que, por la modificación de los Reglamentos de Senadores y Diputados decidido por la anterior Asamblea, hoy precisan solo de la mayoría simple. Asimismo, en la propuesta de CC se señala que “En caso de que una sola organización política o alianza tenga dos tercios de Diputados o Senadores, se requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos”.

Una tercera modificación propuesta señala que se garantizará al sistema judicial y fiscal, en su conjunto, por lo menos el 2% del presupuesto general del Estado para su funcionamiento. Del mismo modo plantea la creación de una partida específica presupuestaria para la infraestructura y funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesino, que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades.

“Esta transformación radical del sistema de justicia conlleva la necesidad de una renovación total de los actuales operadores, tanto en las altas esferas de la justicia y fiscalía así como en las intermedias e inferiores, y de la selección de nuevos operadores a través de un mecanismo constitucional que garantice su plena independencia, imparcialidad, trayectoria intachable y alta calidad profesional”, señaló.

Finalmente, Alarcón explicó que esta propuesta será debatida con las organizaciones sociales y políticas en todos los departamentos del país y se recogerán las sugerencias y aportes para enriquecerla y posteriormente remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate o para gestionarla a través de una iniciativa popular. 

“Estamos dispuestos a abrir un proceso de diálogo y consenso con las fuerzas políticas en la ALP porque creemos que la reforma de la justicia es un tema prioritario para garantizar la paz social y la democracia en el país”, finalizó el parlamentario.