El proyecto de ley aún no llegó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. El presidente de la comisión de Justicia Plural, Andrés Flores, aclaró que la norma aún no llegó a esa instancia legislativa para su análisis, pero indicó que existe el respaldo por parte del oficialismo para viabilizar la norma en cuanto llegue. Consideró que ese será el primer paso para reformar la justicia en el país. 

“Tenemos entendido que el Gobierno enviará un proyecto normativo para acortar el mandato de las autoridades de justicia, nosotros nos vamos a enmarcar en la Constitución Política del Estado (CPE) y si se requieren hacer cambios parciales a la norma para reformar la justicia, lo haremos”, precisó el legislador. 

Según la Ley del Órgano Judicial, promulgada el 24 de junio de 2010, se establece que el período de mandato de las autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura (CM), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental (TA) es de seis años. 

En 2017, a través del voto popular, fueron elegidas los magistrados de las instancias judiciales para un mandato de seis años, entre enero de 2018 y 2024. Desde la posesión de las nuevas autoridades surgieron cuestionantes, pero esto se agudizó en las últimas semanas contra los personeros del Consejo de la Magistratura. 

El jueves, la jefa de bancada de diputados del MAS, Estefanía Morales, anunció que la propuesta será analizada por la Comisión de Justicia Plural y puesta a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa.

“Hay un procedimiento, recientemente nos ha mandado (la propuesta) el Ministerio de Justicia a la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia va a analizar. Se va a evaluar en estos días, ya vamos a tener una respuesta para que el pueblo boliviano tenga la confianza de la administración de justicia en el país”, declaró. 

LAS REFORMAS 

En ese contexto, el senador del MAS Santos Ramos señaló que estos cambios deben ser considerados por la comisión que evaluará la reforma a la Constitución. El ministro de justicia, Iván Lima, anunció la creación de esa delegación de 10 personalidades de asesoramiento que analizará la pertinencia o no para realizar cambios a la Carta Magna. 

Anteriormente, Lima propuso cinco leyes de emergencia para la transformación de la justicia. La primera tiene que ver con la reforma constitucional para garantizar que no exista impunidad para los magistrados y consejeros en los juicios de responsabilidades que se han congelado. 

La segunda ley se trata de quitar el veto para que todos los ciudadanos puedan encontrar justicia en la Asamblea Legislativa cuando se hallen serios indicios de corrupción de magistrados y consejero. 

La tercera norma es la propuesta de reforma a la ley que rige el trabajo de Derechos Reales, para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios sobre sus bienes. 

La cuarta ley ataca el problema de los niños en los hogares, que no pueden acceder a la adopción, que se debe solucionar de forma inmediata. La última es de carrera judicial, que garantice la independencia en el proceso de selección, evaluación de los jueces y capacitación.

LOS JUICIOS 

Por otra parte, Flores señaló que existen más de 25 casos de juicio de responsabilidades contra exautoridades y autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los que serán analizados en la sesión de la próxima semana, con el fin de dar curso a las investigaciones.

A la vez, el legislador confirmó que se ha recibido una nueva denuncia del ministro Iván Lima contra los personeros del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel. En la misma se acusa a las autoridades del Órgano Judicial por no haber cumplido con la reforma al Sistema Penal en el marco de la Ley 1173. Con esta demanda suman tres juicios de responsabilidades contra esas autoridades.

De acuerdo con procedimiento, la Comisión de Justicia Plural debe remitir la denuncia al Comité del Ministerio Público para que realice la investigación respectiva. El proceso se debe realizar con control de la Comisión de Constitución y con la Comisión de Derechos Humanos como instancia de apelación.