Para investigar esos hechos, la CIDH suscribió un convenio hace casi un año justamente con el gobierno de Añez, pero solo hace unos días llegó al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La primera sesión que se organizó para escuchar a las víctimas de los sucesos sin duda demostró el grado de polarización que vive el país. En ella, dos personas que fueron afectadas por la intolerancia masista, la periodista Casimira Lema y la estudiante universitaria Yareth García, fueron abucheadas y maltratadas por el resto de los asistentes. La casa de Lema, como se sabe, fue incendiada por simpatizantes del MAS horas después de la caída de Morales, y García fue afectada por una granada de gas lacrimógeno que le llegó a la cabeza y que le fue lanzada a corta distancia por un policía. García desde entonces ha perdido algunas facultades, como las de escribir y leer con facilidad. A ellas, las otras víctimas de la violencia las llamaron “golpistas” y “asesinas”, lo que demuestra el grado de intransigencia y odio que rige en el país.

Los testimonios de Lema y García, tan dramáticos como los de quienes perdieron a seres queridos o fueron reprimidos, demuestra algo que es innegable, pero que la narrativa del MAS trata de ocultar: la polarización existente a fines de 2019 generó violencia de ambos lados y los eventos deben ser investigados integral e imparcialmente.

Claramente se llevaron la peor parte los simpatizantes masistas, pero también hay que entender las causas de ello. En primer lugar, las responsabilidades políticas del expresidente Evo Morales: de no haber intentado violar el voto popular y persistido en presentarse como candidato a una ilegal cuarta gestión, ello no hubiera pasado. Tampoco los sucesos se hubieran producido si los vocales electorales afines al MAS de la anterior gestión no hubieran interrumpido el TREP al 83% del conteo, después de lo cual cambió la tendencia del voto. Finalmente, tras renunciar después de haber dicho que no lo haría, Morales cometió el peor de sus errores: pedirles a sus simpatizantes que se enfrentaran a otros civiles. Esa fue una manera muy efectiva, pero cruel, de evitar el uso de la fuerza pública contra los manifestantes: hacer que unos bolivianos se enfrentaran a otros. Es lo peor que un presidente puede hacer, forzar a los ciudadanos a luchar entre sí.

Esos llamados de Morales a la violencia entre bolivianos, atizaron a tal grado la situación, que se produjeron los hechos luctuosos mencionados aquí. El grado de confrontación hubiera sido indudablemente menor si Morales, en vez de llamar a la violencia, hubiera lanzado mensajes pacificadores. Pero eso no está ni en su carácter ni en su ideología ni en su cálculo político. En resumen, Morales y otros dirigentes de su partido primero renunciaron a sus cargos, luego provocaron un vacío de poder de 48 horas y después llamaron a que unos civiles a enfrentarse a otros. Después de  todo ello, finalmente denunciaron la violencia producida. 

Cuando este grupo especial de investigación de la CIDH analice los hechos, debe tomar en cuenta ese contexto, que llevó a simpatizantes masistas a rodear una planta en la que había millones de litros de gasolina y gas licuado e hicieron explotar dinamita en los alrededores, por ejemplo, para derribar pasarelas. Todo ello, para los actuales voceros e intelectuales del MAS eran maneras legítimas de manifestarse.

También hay que recordar que en los 21 días de masivas protestas contra el prorroguismo de Evo Morales murieron varias personas del bando contrario. ¿Esas vidas no tienen valor? Esperemos que sí lo tengan para los integrantes de la comisión.