Medio: El Deber
Fecha de la publicación: sábado 28 de noviembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La presión de la sociedad sobre la aplicación de la justicia y el tiempo que tomará una eventual reforma constitucional son las dos condicionantes que identificaron los expertos como las causas que impulsaron al MAS para hablar de cambios en la Carta Magna a 11 años y nueve meses de su promulgación.
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El abogado, Williams Bascopé, explicó que existen dos tipos de reformas que prevé la propia Constitución Política del Estado (CPE), en este caso correspondería la reforma parcial de la misma, prevista en el segundo parágrafo del artículo 411.
“En cualquiera de los dos casos, sea reforma total o parcial, se requiere de un referéndum aprobatorio, lo mismo que en 2016, eso quiere decir que los bolivianos tendremos que ir a las urnas y ratificar lo que piden los políticos, igual que en 2016”, dijo Bascopé al referirse a la posibilidad de abrir las reformas constitucionales.
El Gobierno lanzó la posibilidad de reformar la CPE, pero solo en lo referido a la justicia. Para cumplir ese cometido, solicitó la conformación de un panel de expertos en temas judiciales que deben trabajar las reformas judiciales en todos los ámbitos.
El título III de la Carta Magna contiene 26 artículos referidos a la justicia, desde el artículo 178 hasta el 206, en los que explica las funciones y forma de elección en los entes judiciales como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y la jurisdicción indígena originaria campesina.
Para el analista político, Ludwing Valverde, la presión de la sociedad sobre todo lo que se refiere a la aplicación de la justicia es lo que está llevando al Gobierno a plantear las reformas directamente sobre este tema; aunque él cree que deberían aprobarse reformas en otros ámbitos que también requieren de una corrección.
“La Constitución Política del Estado, en el transcurso de estos años ha demostrado limitaciones, insuficiencias en distintos temas, en el orden judicial la elección directa de autoridades judicial no ha sido una buena decisión a raíz de los resultados logrados, entonces existe esa presión que ve el Gobierno y por eso abre esa posibilidad”, dijo Valverde.
William Bascopé fue uno de los asesores que trabajó en la Asamblea Constituyente y en esa oportunidad advirtieron que la elección de jueces sería el peor paso que podían dar en el nuevo texto, pero el empecinamiento de las autoridades de entonces, la mayoría del Gobierno de Evo Morales, llevó a aprobar la elección de magistrados a través del voto popular.
Los tiempos
Bascopé dijo que, entre preparar los cambios, con la conformación de la comisión de expertos, redactar las propuestas, plantear una ley de necesidad de reforma podría pasar fácilmente un año hasta que se convoque a un referéndum aprobatorio en las urnas.
Pero al margen de ese paso, advirtió que un cambio en la justicia, con políticas aprobadas por la misma población se podrá percibir en 20 años y no será de forma inmediata. Por esa razón fustigó al gobierno de Morales y dijo que desperdiciaron los 14 años de gobierno que tuvieron para el cambio de la justicia.
Valverde cree que las reformas podrían ser aprobadas por la población en los siguientes dos años porque el proceso de construcción de los cambios será un verdadero problema, ya que la elección de jueces es el principal problema.
Ambos analistas aseguran que la calificación meritocrática sería la más aconsejable, para la elección de los nuevos magistrados, pero el quién y el cómo se vuelve a presentar como desafío para los políticos.
La gestión de las autoridades elegidas en comicios es por seis años, según la Carta Magna. Las últimas elecciones judiciales en Bolivia fueron el 3 de diciembre de 2017, por lo que la gestión de los actuales magistrados concluye en 2023.
El 16 de octubre, el desafío de cambios a la CPE fue lanzada por el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, luego de que se produjera un abrupto cambio en la actuación de los jueces y fiscales que empezaron a anular casos y suspender detenciones de personajes vinculados al MAS y al gobierno de Evo Morales.
