El presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, explicó que el estudio que realizó esa entidad muestra la evolución del padrón electoral y el incremento significativo de los nuevos electores. A la vez, indicó que este informe tiene el objetivo de despejar cualquier duda o desconfianza del registro de electores.

“El TSE ha difundido un documento muy extenso sobre los mitos y realidades del padrón electoral. También muestra una perspectiva larga del padrón electoral de varias décadas, esto permite confirmar la evolución del padrón electoral que es sólido y tiene un carácter ampliamente inclusivo en el sentido de que casi toda la población en edad de votar se encuentra registrada”, sostuvo la autoridad.

Un aspecto que fue observado por partidos políticos y sectores cívicos del país es el crecimiento del padrón electoral. Además, solicitaron una auditoría a ese registro tras conocer la denuncia de la vocal del TSE, Rosario Baptista, sobre un bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto, fuera de alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad del padrón.

Las estadísticas

El documento hace una evaluación sobre el registro de nuevos votantes que se realizaron cuando entró en vigencia el Registro Único Nacional (RUN), que fue creado en 1992 como una forma de dar solución a la indocumentación que primaba en el país debido al largo trámite y al costo del registro.

Entre 1992 y 1998, que estuvo vigente el RUN, se registraron un total de 662.985 nuevos votantes que cumplieron los 18 años. Pero la mayor cantidad de inscripciones se presentaron en 1992 con 139.796 inscripciones, en 1996 con 159.663 y en 1997 con 139.421.

En el periodo de 2000 a 2008 se presentó un total de 718.495 inscritos. En esta etapa la cantidad de inscritos anualmente baja, en 2004 se registran 97.443 personas; en 2005, 101.641 y el 2006 la cifra sube a 128.754. Pero un año después la cantidad de nuevos electores baja a 49.445.

Mientras que entre 2009 y 2020 la cantidad de nuevos electores baja considerablemente y solo llega a 248.352 nuevos votantes mayores de edad. El primer año se inscriben a 44.585, el 2010 a 39.495, la cantidad de registros se mantiene en ese parámetro hasta el 2014.

Después disminuye hasta llegar al presente año, en el que se anotaron 1.520 personas en el empadronamiento masivo.

En ese contexto, el documento destaca el trabajo que realizó la extinta Corte Nacional Electoral (CNE), ahora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 1999 a 2015 en el desarrollo de campañas para la inscripción de aquellos que no contaban con un documento de identificación.

Los principales beneficiados son las comunidades indígenas y campesinas, en las áreas urbanas la población que reside en las zonas periurbanas que están compuestas por personas que migraron de las poblaciones del sector rural.
subregistro electoral

Otro de los aspectos que toma en cuenta el informe del ente electoral es el problema del subregistro electoral, denominación que se usa para determinar la cantidad de personas en edad de votar que no se encuentran registradas para ejercer su derecho al sufragio.

Este problema se vincula con la indocumentación que se registró el país desde la década de 1980, ya que uno de los requisitos para ser parte del padrón electoral era la presentación de la cedula de identidad, que debe ser expedida con la presentación del certificado de nacimiento.

En 1992 se implementa el Registro Único Nacional (RUN) para dar solución a la indocumentación, en esa etapa se debía realizar el registro de nacimientos y dotar la Cedula de Identificación Nacional a los ciudadanos que no contaban con un documento de identificación, que se presentaba generalmente en el área rural. Pese a los resultados obtenidos, no se cumplió con las expectativas.

En 1998 se creó una nueva entidad en reemplazo del RUN para que se haga cargo de la entrega de documentos. Dicha entidad entregaba el Registro de Identificación Nacional (RIN) que estaba bajo la administración civil. Pero tampoco se logró el resultado que se esperaba.

“El accedo universal a los documentos de identidad se vio afectad por un complejo conjunto de barreras de orden administrativo, legal económico, geográfico y socio cultural (…) Esto ocasionó que la población se vea limitada en el ejercicio de sus derechos a la salud, empleo, educación, actividad económica y la participación como electora o candidato”, establece el documento.

A la vez, el estudio señala que a estos problemas se suma la mala documentación, se refiere a los errores de registro que también impedían a la población documentad a ejercer una ciudadanía plena. Tomando en cuenta que en esa época se imponía la obligación de presentar una resolución judicial, documento al que no podía acceder la población.