La denuncia fue presentada ante el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), para el inicio del trámite legal, informó el ministro en conferencia de prensa este viernes.

“Como se dijo en su momento, teníamos la obligación de presentar la acción penal si no renunciaban los consejeros de la Magistratura”, argumentó Lima.

Los consejeros acusados son Omar Michel, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez.

Sin embargo, el ministro aclaró que el juicio no se argumenta con las acefalías, sino por el incumplimiento de la Ley 1173, de Abreviación Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, del 3 de mayo de 2019.

“Cuando se le preguntó a la presidenta Dolka Gómez qué acción se hicieron para implementar la reforma penal en Bolivia, que tiene 18.000 bolivianos en las cárceles y familias sufriendo por la retardación de justicia, nos dijo que no la habían implementado por la pandemia”, explicó Lima.

Insinuó que ese argumento no es cierto. Afirmó que la pandemia comenzó en marzo y que la “obligación de ellos, de concluir con la interoperabilidad y todos los sistemas vencía el 23 de febrero de 2020”.

Lima dijo que mientras los consejeros no cumplan sus deberes y no funcionen los sistemas y la reforma de la Ley 1173, “van a estar en incumplimiento de deberes”.

Explicó que el juicio de responsabilidades es posible gracias a la Sentencia 34/2020 del TCP, que levantó el candado, una medida cautelar, que impedía juicios de responsabilidades contra consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Lima también informó que «la buena noticia» es que el Consejo de la Magistratura designó el jueves a 140 jueces, cuyas acefalías perjudicaban la administración de justicia en el país, que serán posesionados el 1 de diciembre. “Esperamos que hayan elegidos personas idóneas; no conocemos el nombre de estas personas y el Órgano Ejecutivo no va a intervenir en las designaciones”, dijo.

El ministro había criticado duramente las acefalías de 151 jueces, que impedían la administración de justicia y ahondaban en la retardación de justicia.