El general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Tomás Peña y Lillo, afirmó que el caso de su camarada Alfredo Cuéllar, acusado por los hechos violentos en Huayllani, debe ser tratado por la justicia militar y no por la vía ordinaria, como se lo procesa actualmente. Un juez determinó que el general Cuéllar cumpla detención domiciliaria sin derecho al trabajo.

“Es un error más de la justicia boliviana”, afirmó Peña y Lillo a EL DEBER Streaming, la tarde de este jueves. Indicó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado los militares se manejan por sus leyes y reglamentos. Cuéllar es procesado en un juzgado de Sacaba (Cochabamba) por los hechos violentos y muertes ocurridas el año pasado en el puente Huayllani en esa localidad.

Peña y Lillo justificó indicando que es un tema operativo y que si hubo excesos es un problema militar o de lo contrario se debe activar un juicio de responsabilidades, para que el general Cuéllar declare sobre las acciones que ha cometido.

“No se olvide que el que ha ordenado el empleo de la Fuerza Militar para respaldar a la Policía ha sido el poder político”, señaló. En defensa de su camarada asesorarán al Alto Mando Militar para que exija a la justicia o que negocie que este caso pase a la justicia militar. No está de acuerdo que Cuéllar sea acusado por asesinato, porque considera que es una falta de respeto al uniforme y a las Fuerzas Armadas.

En la parte final de la entrevista, Peña y Lillo afirmó que cree que hay gente interesada en romper los vínculos entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno; sin embargo, espera que eso no suceda.

“Para que un Gobierno marche correctamente tiene que andar de la mano de las Fuerzas Armadas, de la Constitución Política del Estado y de la mano de la justicia, por lo tanto, me imagino que en algún momento vamos a volver al cause original”, cerró.