La ley fue cambiada a pedido del Gobierno de Luis Arce mediante una carta en la que se afirmaba que ‘el periodo constitucional señalado anteriormente fue interrumpido por el golpe de Estado en contra de la democracia perpetrado por políticos que atemorizaron al pueblo boliviano’.

Ese apartado de la ley no es el único espacio donde el Gobierno y el Movimiento al Socialismo intentan posicionar de manera directa la teoría del supuesto golpe de Estado; en todas las intervenciones públicas desde la fecha misma en que Arce asumió la Presidencia, autoridades y dirigentes partidarios lo han venido repitiendo incansablemente.

¿Qué estrategia hay detrás de esa campaña para sobrescribir la historia de lo que ocurrió el pasado año para que quede registrado como ‘golpe de Estado’ y no como ‘revolución de las pititas’ o cualquier otro nombre para designar la movilización popular que rechazó el fraude electoral del 20 de octubre y la presión fue tal que el entonces presidente Evo Morales tuvo que renunciar al poder en un mensaje televisivo difundido por el canal estatal?

El líder de la agrupación Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, salió al paso de la teoría del golpe para denunciar a la Asamblea Legislativa por intentar asentar una idea que calificó de absurda y recordó que tras su renuncia, Evo Morales obligó también a renunciar al vicepresidente, a la presidenta del Senado, al presidente de Diputados y al primer vicepresidente del Senado con el objetivo de dejar un vacío de poder para evitar la sucesión constitucional.

También la expresidenta Jeanine Áñez cuestionó al MAS preguntando: “¿Puede decir el masismo cuántas leyes aprobó el Legislativo durante el año del ‘golpe’?”.

Las evidencias que echan por el suelo la teoría del golpe son varias: para comenzar los hechos mismos, seguidos del reconocimiento de la constitucionalidad de la sucesión presidencial que hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional, el funcionamiento normal de la Asamblea Legislativa controlada con más de dos tercios por el propio MAS, las 60 leyes promulgadas por la Asamblea en ese periodo, la anulación de las elecciones de 2019, la Ley de Convocatoria a nuevas elecciones, la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, la continuidad de autoridades afines al MAS como la defensora del Pueblo o el fiscal General, entre otras.

Siguiendo el adagio popular de ‘Piensa mal y acertarás’ hay quienes creen que detrás de la persistencia en asentar la teoría del golpe, existe una estrategia política para poner un ‘estate quieto’ a los líderes de la movilización del 2019, igual que ocurrió en 2009 con el caso de supuesto terrorismo que nació en el hotel Las Américas.

Si el discurso repetitivo y las leyes del Estado dicen que lo del año pasado fue un golpe de Estado, entonces el Gobierno tendrá en su poder una hoja en blanco donde podrá escribir los nombres de todos los ‘golpistas’ y por tanto hacer detenciones, procesos y meterlos en la cárcel. Y allí entrarían desde cívicos y líderes juveniles, hasta policías, militares, exministros y colaboradores del ‘Gobierno golpista’, incluida la expresidenta Jeanine Áñez.