“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, la retardación de justicia y la impunidad frente a los actos de acoso y violencia política, por la falta de resolución de las denuncias presentadas por las concejalas y alcaldesas, en el marco de la Ley 243 (Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres)", señala el manifiesto, que también resalta que en los más de ocho años de la promulgación de la ley no se registra ninguna sentencia en la vía penal.

El pedido de las concejalas y alcaldesas al Estado es “la creación de una Comisión Mixta para la investigación de los casos de acoso y violencia política", para dar solución a la retardación de justicia.

Insuficiente atención

Asimismo, Acobol denuncia la insuficiente atención frente a los casos de notoria gravedad y la burocracia de las instituciones llamadas por ley, que forman parte del Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata, establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo 2935, reglamentario a la Ley 243.

Esa instancia es integrada por el Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, incluida la Policía Boliviana, Viceministerio de Autonomías, dependiente Ministerio de la Presidencia, Órgano Electoral Plurinacional, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo del nivel nacional; así como el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunales Departamentales de Justicia, Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, entre otras.

“Considerando que es fundamental ejercer nuestros derechos políticos de forma plena, efectiva y libres de acoso y violencia política, sin discriminación y en igualdad de condiciones, exigimos a las autoridades (...) que establezcan mecanismos de coordinación interinstitucional", que garanticen la atención pronta y oportuna de los casos de acoso y violencia política, señala el documento.