Argumentos. "La Comisión de Admisión del TCP resuelve declarar improcedente el recurso interpuesto contra resoluciones del Órgano Legislativo, interpuesto por Carlos Diego Mesa Gisbert (enumera los 47 diputados y senadores de CC firmantes) contra la Resolución Camaral 128/2019-2020 del 27 de octubre, emitida por la Cámara de Senadores y la Resolución 215/2019-2020 del 28 del mismo mes y año, emitida contra la Cámara de Diputados", dice el auto constitucional 0240/2020.

Ese auto constitucional tiene como fecha el 18 de noviembre de 2020 y está firmado por los magistrados de la comisión de admisión Elizabeth Cornejo, Lorena Gallardo e Iván Espada.

En su argumentación, la Comisión de Admisión del TCP sostiene que no aprecian fundamentos que vulneren los derechos de Carlos Mesa ni de los 47 legisladores firmantes del recurso.

También señala que el recurso presentado por CC no precisa en qué medida se lesionan los derechos de los recurrentes.

El auto constitucional también hace notar que el recurso no se enmarca en ninguna de las cinco posible causales de improcedencia reglados por el Código Procesal Constitucional.

Asimismo, menciona la existencia de otros mecanismos de impugnación que los diputados y senadores debieron haber utilizado antes de agotar la vía constitucional, que están contenidos en los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, como es la "reconsideración del caso" por la actual ALP.

Descontento. El jefe de bancada en Diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, calificó la decisión del TCP como "vergonzosa e ignominiosa", porque sus fundamentos no son sustentables y muestran subordinación al actual Gobierno.

"Los miembros del TCP no quisieron entrar al fondo del tema porque si lo hacían no había forma de validar la supresión de los dos tercios, lo cual es un atentado a la Constitución y la democracia. Buscaron una vía de escape para eludir la resolución, porque es un tema de alto interés para el Gobierno", afirmó el legislador.

Ante esta situación, Alarcón anunció que CC presentará otros recursos ante el TCP para demostrar al país que ese órgano es subordinado a la política y que no le interesa proteger la Constitución ni los derechos políticos.