El gobierno de Luis Arce, con el impulso de la izquierda internacional, ha puesto en marcha una estrategia para borrar el fraude electoral de 2019 de los anales de la historia boliviana y para reemplazarlo por un supuesto “golpe de Estado de la derecha fascista” perpetrado sin ningún otro motivo que sus ansias de poder, sin mediar ninguna lucha de 21 días que denunciaba, justamente, el fraude electoral, el prorroguismo de Evo Morales y el abuso de poder.

La historia oficial la escriben los ganadores por lo que es probable que esta versión de los hechos termine por imponerse gracias al aparato estatal que el MAS tiene a su servicio, con la ayuda de think tanks nacionales e internacionales que generan pensamiento alineado con el populismo. 

En el afán de no olvidar los hechos que pretenden ser borrados, Página Siete publicó el domingo pasado un especial de 16 páginas, en el que se evidencian las causas del conflicto, se rememoran los luctuosos hechos que dejaron muertos de un lado y el otro, las quemas de casas también de ambos bandos y el estado de zozobra en el que vivieron paceños y alteños luego de la arremetida de grupos que apoyaban a Evo Morales.

El origen del conflicto, no hay que olvidarlo, está en el desconocimiento de los resultados del referendo del 2016, cuando la mayoría de los bolivianos le dijo No a una nueva postulación a Morales. Y la causa inmediata es el fraude electoral cometido en las elecciones de octubre de 2019 y que fue certificado por la OEA, la UE y otras entidades. 

Los primeros muertos del conflicto pertenecen a la línea de los cívicos. Son los caídos en Montero en un enfrentamiento civil, porque hay que recordar que Morales no movilizó a las Fuerzas Armadas para defender a su gobierno, sino a los movimientos sociales, a los que azuzó cada día para que salieran a confrontar a los manifestantes que pedían la anulación de las elecciones primero y su renuncia después. 

Pero, además de los muertos de Montero, no hay que olvidar a los dos policías caídos en El Alto y La Paz, al joven de 20 años asesinado en Huayculi y a Julio Llanos, que murió en El Prado tras ser golpeado por manifestantes del MAS.

Y no es que un muerto valga más que el otro o que uno merezca más homenajes que el otro. Se trata de relatar los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron.

Luego vendrían los cruentos sucesos de Sacaba y Senkata, en el marco de operativos militares y policiales que buscaban evitar que los movilizados del MAS ingresaran a Cochabamba en un caso y que se permitiera la salida de gasolina y gas en el otro caso. Estos episodios, en los que murieron 20 personas, fueron cruentos, injustificables y merecen ser investigados a profundidad, igual que los citados anteriormente. 

Hay que recordar también que el gobierno de Jeanine Añez fue producto del vacío de poder dejado por el MAS, que apostó al caos provocando la renuncia de toda la cadena de sucesión. En reuniones promovidas por organismos internacionales y la Iglesia Católica y de las que participaron el gobierno entrante y el saliente se encontró la fórmula de la sucesión constitucional en favor de Jeanine Añez (entonces vicepresidenta del Senado) y la apertura de los cielos para que Evo Morales abandonara el país. ¿O acaso pretendía el MAS que el vacío de poder desembocara en una guerra civil con miles de muertos de saldo? 

El presidente Luis Arce, cuando aún era candidato, en el programa No Mentirás reconoció que Añez era una “presidenta constitucional”, pero desde el día de su posesión se refiere al gobierno transitorio como de facto y asegura que en Bolivia hubo un golpe.

Vaya qué golpe más peculiar, en el que los militares no se quedaron con el poder, en el que siguió existiendo la Asamblea Legislativa controlada por el MAS y esa Asamblea convocó a elecciones. No sólo eso, sino que el propio Arce es producto de la transición democrática precedida de elecciones transparentes. 

Ahí están los hechos, más allá de la retórica que quieran imponer los ganadores de las elecciones de octubre de 2020.