El recurso fue presentado el pasado 11 de noviembre, debido a que el MAS, antes de la posesión de nuevas autoridades elegidas en las elecciones del 18 de octubre, modificó los reglamentos de Diputados y Senadores eliminando los dos tercios en materias de trámite legislativo, además de ratificación de embajadores y ascensos militares y policiales.

CC había argumentado que las modificaciones a los reglamentos vulneran los derechos ciudadanos al haber sido decididas por parlamentarios salientes cuando los nuevos ya tenían credenciales y, además, porque impiden una efectiva participación de bancadas opositoras que representan el 45% de la población.

El TCP consideró que para acudir a esa instancia, antes se debido agotar las instancias de impugnación previas, en específico, las mociones de reconsideración en ambas cámaras legislativas.

“De la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente, se evidencia que los Diputados y Senadores recurrentes no acreditaron haber hecho uso del medio de impugnación idóneo instituido en los Reglamentos Generales de la Cámara de Senadores y de Diputados, respectivamente”, dice la resolución del Tribunal.

En ese marco, la resolución señala que “ante el incumplimiento de dicha exigencia concierne declarar la Improcedencia del recurso, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo por subsidiariedad”.

De parte de CC, el diputado Carlos Alarcón rechazó el razonamiento del TCP, porque el plazo para pedir la reconsideración era de 48 horas y ya pasó más de un mes. Dijo que en realidad los magistrados acudieron a una triquiñuela, para no analizar el fondo del asunto dado que es un tema de alto interés del actual Gobierno.

Alarcón anunciò que CC tiene màs recursos para presentar en los pròximos días ante el TCP de manera secuencial, pero también alista una iniciativa popular de reforma parcial a la Constitución, con el objetivo de elevar a rango constitucional las materias en las cuales se eliminó los dos tercios y, además, la renovación de todos los operadores fiscales y judiciales, a los cuales consideró operadores políticos.