Sin embargo, a ocho años de su promulgación, persiste la impunidad y el acoso y violencia política acompañan como una sombra el accionar de las mujeres en la política. Este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las mujeres bolivianas reafirman los desafíos pendientes para el ejercicio pleno de sus derechos.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM/OEA) y ONU Mujeres advierten que el aumento de la representación de las mujeres en la política ha hecho más visibles los casos de violencia contra ellas, sin embargo, pocos países han tomado medidas para prevenirla y sancionarla.

“Son pocos en la región y en el mundo los que han desarrollado herramientas para el monitoreo y abordaje de esos casos, y solamente Bolivia cuenta con una ley específica sobre acoso y violencia política contra las mujeres”, señalan en el informe Violencia contra las mujeres en política en América Latina: mapeo legislativo y proyectos y proyectos parlamentarios, publicado el 12 de noviembre.

Según el informe, en América Latina, nueve países adoptaron un marco normativo paritario en el nivel nacional de gobierno, orientado a regular la elaboración de las listas de candidatos: Argentina (2017), Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), Honduras (2012), México (2014), Nicaragua (2010), Panamá, (2012) y Perú (2019). “Todos estos, a excepción de Nicaragua, avanzaron en el diseño de una estrategia legal (ya adoptada y/o en discusión) contra el acoso y/o violencia política de género, lo que demuestra que se trata de un proceso que tiende a construirse de forma conjunta”.

En ese marco, la CIM/OEA y ONU Mujeres destacan la experiencia de Bolivia no sólo por ser el único país que adoptó una ley específica contra el acoso y/o violencia política de género, sino también porque esta norma permeó otros marcos legales orientados a proteger a las mujeres de la violencia, por ejemplo, la Ley N° 348 Integral para garantizar una vida libre de violencia (2013) y la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas (2018). Esta última obliga a partidos y agrupaciones ciudadanas incorporar en su estructura orgánica mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.