En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Coordinadora de la Mujer en Bolivia identificó este miércoles siete trabas que impiden la aplicación en su integridad de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, informaron en la Coordinadora de la Mujer.
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En ocho años desde su promulgación, no hay ningún agresor sancionado.
Mujeres, en una manifestación política en La Paz. / Foto: Archivo
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Coordinadora de la Mujer en Bolivia identificó este miércoles siete trabas que impiden la aplicación en su integridad de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, informaron en la Coordinadora de la Mujer.
“La falta de capacitación y conocimiento de la norma por parte de los operadores de justicia, Ministerio Público y Policía, la falta de patrocinio legal gratuito, la falta de recursos económicos de las denunciantes para impulsar el proceso, el uso indebido de influencias, así como las grandes barreras estructurales, como la retardación de justicia y la corrupción”, son, según la responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, las dificultades que las mujeres afrontan para que se aplique esta norma.
Bolivia es el único país de la región que tiene una ley contra el acoso y violencia política, pero persiste la impunidad pese a que es cierto que la norma es referente en la región latinoamericana para otras iniciativas legislativas de la misma naturaleza.
“A ocho años de su promulgación, persiste la impunidad y el acoso y violencia política acompañan como una sombra el accionar de las mujeres en la política”, añade el reporte institucional elaborado, además, con el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.
La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, lamentó que a ocho años de la promulgación de la Ley 243, pionera en la región, “ningún agresor haya recibido una sanción hasta la fecha. La impunidad contribuye a naturalizar la violencia y el acoso político”, precisó la activista.
Desde la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM/OEA) y ONU Mujeres advierten que el aumento de la representación de las mujeres en la política ha hecho más visibles los casos de violencia contra ellas, sin embargo, pocos países tomaron medidas para prevenirla y sancionarla.
Violencia política
En América Latina, nueve países —entre ellos Bolivia— adoptaron un marco normativo paritario orientado a regular la elaboración de las listas de candidatos. En el caso nacional, existen además, la Ley 348 Integral para garantizar una vida libre de violencia (2013) y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (2018), no obstante la violencia política continúa.
Datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) indican que desde 2016 hasta 2019, el ente electoral registró 124 denuncias por acoso y violencia política hacia las mujeres. Como referencia, de las 21 denuncias registradas en 2019, 17 corresponde a concejalas titulares, dos a concejalas suplentes, una a una asambleísta titular y una a autoridades originarias.
En tanto, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) registró en 2019 un total de 127 denuncias de acoso y violencia política. El 83%, un total de 105, de las denunciantes acudió a la vía administrativa; el 8% a la vía penal; un 4% a la vía penal y electoral; y 2% a la vía penal y constitucional
